Miami. Venezolanos reconocen en una telenovela de EE.UU. al militar que acusan de torturas: fue detenido por el ICE
Un exteniente coronel que fue señalado por víctimas de la represión es identificado en Miami como extra en una producción de televisión. Hoy enfrenta un proceso migratorio y una demanda civil en Estados Unidos.
Un grupo de venezolanos que denuncian haber sido torturados durante las protestas antigubernamentales de 2013 y 2014 asegura haber reconocido en una telenovela producida en Estados Unidos al militar que responsabilizan por su detención y maltratos.
Se trata de Rafael Quero Silva, exteniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, quien apareció como extra en una producción televisiva mientras vivía en Miami. Así lo confirmó BBC.
El reconocimiento ocurrió cuando miembros de la diáspora venezolana lo vieron interpretando a un policía en la telenovela Mi familia perfecta, emitida por Telemundo. La noticia comenzó a circular en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos.
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Entre quienes lo identificaron se encuentra María Elena Uzcátegui, una de las personas que lo acusa de haber participado en su detención y en torturas durante la represión de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“¿Cómo es posible que alguien que hizo sufrir a tanta gente viva libremente en Estados Unidos?”, relató Uzcátegui en declaraciones a BBC.
De comandante a actor extra
Durante los años 2013 y 2014, Rafael Quero Silva fue comandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional en el estado Lara, con base en la ciudad de Barquisimeto. Desde ese cargo estuvo al frente de operativos de control durante las protestas opositoras que se extendieron por distintas regiones del país.
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Según denuncias de organizaciones de derechos humanos y testimonios de víctimas, efectivos bajo su mando participaron en detenciones arbitrarias, golpizas y distintos métodos de tortura contra manifestantes.
Tras salir de Venezuela, el exmilitar habría ingresado a Estados Unidos en 2016 con una visa, pero permaneció en el país más allá del plazo permitido.
Su presencia en Miami se conoció públicamente en 2018, cuando venezolanos lo identificaron en la televisión.
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Detención y proceso migratorio
La situación cambió a finales de febrero de 2025, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo detuvieron en Miami.
Las autoridades migratorias lo calificaron como “extranjero ilegal y criminal de Venezuela” y abrieron un proceso para determinar su situación migratoria.
Posteriormente, un juez concluyó que el exmilitar había participado en violaciones de derechos humanos en Venezuela y ordenó su deportación.
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Quero Silva permanece detenido en el centro migratorio Krome, en Miami, mientras apela la decisión judicial.
Una demanda por torturas
En paralelo, cinco ciudadanos venezolanos presentaron una demanda civil en tribunales federales de Estados Unidos contra el exoficial.
La acción legal se basa en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), que permite reclamar daños y perjuicios contra responsables de torturas incluso si los hechos ocurrieron fuera del país.
El proceso cuenta con el apoyo de la organización internacional de derechos humanos Guernica 37.
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Los demandantes sostienen que Quero Silva ordenó y supervisó torturas contra detenidos durante las protestas. Entre las acusaciones se mencionan golpes, privación de alimentos y agua, amenazas, humillaciones y otros tratos degradantes.
Testimonios de víctimas
Uno de los casos incluidos en la demanda es el de María Elena Uzcátegui, quien fue detenida en 2014 durante las protestas en Barquisimeto.
Según su testimonio, agentes de la Guardia Nacional allanaron su vivienda y la trasladaron al Destacamento 47, donde asegura haber sido sometida a interrogatorios y amenazas antes de ser enviada a la cárcel de Uribana.
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Uzcátegui pasó cerca de tres meses detenida en ese penal, donde afirma haber sufrido condiciones de reclusión extremas, pérdida de peso, falta de atención médica y humillaciones constantes.
La mujer sostiene que su objetivo no es la venganza sino que el caso sirva para establecer responsabilidades por los abusos cometidos durante la represión.
El proceso judicial en Estados Unidos continúa y podría convertirse en uno de los primeros casos en que víctimas de la represión venezolana llevan a un militar de ese país ante tribunales extranjeros.
