Justicia. Procesan a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por 4 delitos de corrupción en España
La Justicia española cerró la etapa de instrucción y acusó formalmente a la esposa de Pedro Sánchez por malversación y tráfico de influencias, mientras las defensas piden el archivo. Está a un paso del juicio oral.
El juez español Juan Carlos Peinado concluyó la etapa de investigación penal y decidió procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
La resolución judicial imputa formalmente los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El magistrado otorgó un plazo perentorio de cinco días a todas las partes involucradas para que se pronuncien sobre la apertura del juicio oral.
De avanzar esta instancia procesal, la culpabilidad o inocencia de los acusados deberá ser determinada de manera definitiva mediante un jurado popular.
El alcance de las acusaciones y los imputados
La medida judicial no solo afecta a Gómez, sino que también se extiende de manera directa a su círculo de colaboradores más estrechos.
El juez decidió procesar a la asesora gubernamental María Cristina Álvarez por los mismos cuatro delitos que enfrenta la esposa del mandatario.
Asimismo, el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés enfrentará el proceso penal por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En contrapartida, el magistrado interviniente decidió archivar las actuaciones vinculadas al supuesto delito de intrusismo profesional por falta de elementos de prueba.
Para justificar el procesamiento, el juez señaló en su escrito que las conductas investigadas "parecen más propias de regímenes absolutistas".
La Cátedra Complutense y el manejo de fondos
El eje central del expediente se enfoca en la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El documento judicial detalla que Gómez registró a su nombre tanto la marca comercial como el dominio web de dicho programa académico.
La acusación sostiene que el desarrollo del software de la cátedra contó con el respaldo económico y técnico de diversas empresas:
- Firmas privadas como Indra, Telefónica, Google y Reale Seguros aportaron en conjunto más de 300.000 euros para financiar el proyecto.
- La propia Universidad Complutense presentó informes estimando que estas operaciones generaron un daño patrimonial de al menos 108.765 euros.
- El empresario Barrabés, clave en el asesoramiento del programa, habría sido beneficiado en licitaciones tras recibir cartas de recomendación firmadas por Gómez.
El rol de la asesora presidencial bajo escrutinio
El expediente también investiga el crecimiento profesional de Gómez tras asumir la dirección del IE África Center y el Máster de Fundraising.
En este contexto, la Justicia indaga el papel de la asesora Álvarez, quien según los registros percibió 361.423 euros brutos desde 2018 con cargo al Estado.
La acusación señala que la funcionaria utilizó de manera regular el correo oficial del Palacio de la Moncloa para gestionar proyectos privados de la cátedra universitaria.
Esta utilización de recursos institucionales habría servido para otorgar "apariencia institucional al proyecto y aumentar el peso de las peticiones" frente a los inversores.
Estrategias de defensa y viaje oficial a China
Ante la inminencia del proceso oral, los representantes legales de los tres procesados exigieron el cierre inmediato del expediente.
El abogado defensor de Gómez argumentó que la imputación carece de sustento, afirmando que "la financiación nunca entró en su patrimonio" personal.
Sobre los presuntos delitos económicos, la defensa aclaró que la marca no constituye un bien mueble y que el registro fue una indicación de la propia universidad.
Por su parte, los letrados de la asesora Álvarez detallaron que su participación en gestiones privadas fue mínima y sin afectar sus funciones públicas.
Aseguraron ante el juzgado que, de 21 reuniones analizadas por la fiscalía, la colaboradora solo asistió a tres encuentros durante su período de vacaciones anuales.
Mientras la Justicia aguarda la presentación de los escritos de conclusiones provisionales, Gómez y el presidente Sánchez se encuentran en un viaje oficial por China.
