Perú. Keiko Fujimori, obligada a construir gobernabilidad en un sistema fragmentado

Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú el próximo martes bajo una carga simbólica que excede cualquier protocolo. Es que, el 28 de julio de 1821, el general argentino José de San Martín proclamó en la plaza Mayor de Lima la ruptura con el dominio español con una frase que aún resuena como mandato: “El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”. Dos siglos después, la pregunta no es sobre la independencia formal, sino sobre la capacidad real del Estado para sostener aquella promesa.

La escena de la asunción encuentra a la líder derechista en una posición paradójica: llega al poder con legitimidad jurídica, pero con una legitimidad social en disputa. En diálogo con La Voz, el politólogo peruano Piero Beltrán advierte que su desafío central no será resolver problemas aislados, sino “transformar una victoria electoral mínima en autoridad legítima y capacidad estatal”. La cifra es elocuente: apenas 49.641 votos de diferencia. El dato no sólo define un resultado; define un clima.

El Perú que recibe a Fujimori está dividido en capas superpuestas. No se trata únicamente de una grieta política, sino de fracturas territoriales, sociales y culturales. Por caso, de las 25 regiones del país, 17 votaron por su adversario. En el sur andino, el rechazo no es episódico ni coyuntural: es histórico, afectivo y profundamente político. Allí, el fujimorismo no es una opción más, sino un símbolo que activa memorias aún abiertas.

Beltrán plantea el dilema con precisión: gobernar dentro de un Estado de derecho debilitado sin debilitarlo aún más. La tentación, en un contexto de urgencia, será recurrir a atajos. “Pero cada atajo erosiona la legitimidad que necesita construir. El equilibrio es inestable: legitimarse sin autoritarismo, ordenar sin vulnerar garantías, responder rápido sin destruir reglas”, razona el analista en diálogo con La Voz.

Para el experto, el primer desafío de la derechista será, entonces, político. Construir gobernabilidad en un sistema fragmentado. Y advierte: “Fujimori contará con la primera minoría en el Congreso, pero no con mayoría propia. Deberá negociar, ceder y articular en un escenario donde la vacancia presidencial dejó de ser una excepción para convertirse en herramienta. En Perú, el poder no se ejerce: se administra bajo amenaza”, señala sin rodeos.

A esa fragilidad institucional se suma una sociedad que desconfía. Según datos del Instituto de Estudios Peruanos, el 56 % la reconoce como presidenta legítima, pero un 36 % no lo hace. La legitimidad existe, pero no es sólida. Es una base que puede ampliarse o erosionarse con rapidez. Y en la política peruana, el tiempo suele correr más rápido que las soluciones.

La inseguridad aparece como la urgencia más visible. El 59 % de la población la señala como prioridad. Las cifras son contundentes: más de 26.000 denuncias por extorsión en 2025 y un crecimiento sostenido de la violencia urbana. Pero el problema, como señala Beltrán, no es solo delictivo: es estatal. La criminalidad avanza donde el Estado retrocede.

El riesgo es conocido en Latinoamérica: el populismo penal. Medidas rápidas, visibles, pero poco eficaces. Militarización, estados de emergencia permanentes, operativos espectaculares. La presión social empuja en esa dirección. Pero la evidencia muestra que la seguridad sostenible requiere inteligencia, coordinación institucional y control del dinero ilícito. Gobernar la seguridad dentro del Estado de derecho será una de las pruebas más exigentes para Fujimori.

En paralelo, el poder de las economías ilegales plantea un desafío estructural. La minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando no solo generan violencia: disputan territorio, corrompen instituciones y condicionan decisiones políticas. Beltrán advierte una contradicción central: no se puede combatir el crimen con leyes que dificultan su persecución. El nuevo gobierno deberá decidir si revisa ese andamiaje o convive con él.

El frente económico no ofrece descanso. Aunque el país mantiene estabilidad macroeconómica, arrastra una deuda social persistente. El 25,7 % de la población vive en pobreza y más del 70 % trabaja en la informalidad. La estabilidad, sin distribución, pierde legitimidad. El desafío será sostener el modelo sin congelar sus desigualdades.

Aquí aparece otra tensión: el Perú creció, pero no integró. La costa urbana concentra oportunidades; el interior rural acumula carencias. Gobernar implica cerrar esa brecha. No con discursos, sino con inversión efectiva en infraestructura, salud, educación y empleo. La reconciliación no será un acto simbólico: será un proceso material.

El fenómeno de El Niño introduce una urgencia adicional. Las proyecciones anticipan lluvias intensas, daños en infraestructura y pérdidas económicas significativas. El Estado deberá responder rápido en un contexto de baja capacidad de ejecución. Los primeros cien días serán una prueba de gestión más que de discurso.

Beltrán insiste en que el verdadero problema no es técnico, sino político: cómo tomar decisiones costosas en un sistema que castiga el costo de hacerlas. Cada reforma genera resistencia. Cada omisión, desgaste. El margen de error es mínimo.

A todo esto se suma el peso de la memoria. El apellido Fujimori divide. Para algunos, representa orden y estabilidad; para otros, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. Esa tensión no desaparecerá. La presidenta deberá gobernar con ella.

La política exterior abrirá otro frente de equilibrio. El acercamiento a Estados Unidos, la relación inevitable con China, el vínculo con Latinoamérica. “Más que elegir aliados, el desafío de Fujimori será evitar alineamientos automáticos que condicionen la autonomía del país”, razona Beltrán..

En este contexto, la frase de San Martín adquiere una nueva dimensión. La independencia ya no se mide en términos de soberanía formal, sino en la capacidad del Estado para garantizar derechos, seguridad y oportunidades. La libertad proclamada en 1821 se juega hoy en la eficacia institucional.

Keiko Fujimori no asume en un escenario de acumulación, sino de desgaste. No hereda un ciclo político: intenta cerrarlo. Su desafío, como sintetiza Beltrán, “es sostenerse sin romper aquello que le permite gobernar. En Perú, esa línea es delgada. Y suele romperse rápido”.