España. Un juez envió a juicio a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y le retiró el pasaporte
El magistrado Juan Carlos Peinado la procesa por cuatro delitos y el gobierno español denuncia una “persecución” y motivaciones políticas.
Un juez de Madrid envió a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, y le impuso la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado.
La decisión fue adoptada este sábado mediante un auto judicial que también incluye a otros dos imputados en la misma causa.
Medidas cautelares y decisión judicial
El magistrado Juan Carlos Peinado resolvió procesar a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Las medidas cautelares incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España y la comparecencia quincenal ante la Justicia. El juez fundamentó la decisión en lo que consideró “indicios racionales de criminalidad” y en el riesgo de fuga ante la gravedad de las penas.
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En el mismo expediente también fueron enviados a juicio la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, ambos por delitos vinculados a corrupción y tráfico de influencias.
Origen de la causa y acusaciones
La investigación se inició en abril de 2024 a partir de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, basada en publicaciones periodísticas. El caso gira en torno a la gestión de una cátedra pública en la Universidad Complutense de Madrid que Gómez codirigía.
Según el auto judicial, la acusación sostiene que la esposa del presidente se habría beneficiado de su posición institucional. El juez afirmó que las conductas investigadas “parecen más propias de regímenes absolutistas”, en referencia a la gravedad de los hechos analizados.
Reacción del gobierno español
Desde el Palacio de la Moncloa, el gobierno de Pedro Sánchez rechazó la decisión judicial y calificó la actuación del magistrado como una “persecución”, además de considerar que existe “obsesión y desproporción” en la instrucción del caso.
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Fuentes oficiales aseguraron que el proceso “carece de sentido jurídico” y que responde a “motivos políticos”, en línea con las críticas previas del Ejecutivo a la investigación.
También cuestionaron un apartado del auto en el que el juez menciona la posibilidad de que agentes de seguridad que escoltan a Gómez pudieran colaborar en una eventual fuga. Para el Gobierno, esas afirmaciones constituyen “otro ejemplo del despropósito” judicial.
Contexto político y judicial del caso
El caso es uno de los focos de tensión entre el Poder Judicial y el gobierno español, en un contexto de creciente polarización política en el país.
La apertura de juicio oral con jurado popular implica que la acusada será juzgada por ciudadanos, en un proceso que ahora deberá fijar fecha de inicio y etapas procesales.
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La causa se suma a otros procedimientos judiciales de alto perfil en España que involucran a figuras políticas y que han intensificado el debate sobre la independencia judicial y el uso político de las investigaciones.
Con la decisión del juez Peinado, el expediente entra en fase de juicio oral. La defensa de Gómez podrá recurrir distintas decisiones procesales, mientras el tribunal deberá conformar el jurado popular que evaluará la prueba presentada.
