Venezuela. Un mes después de los sismos, el dolor por la tragedia no cesa

La tragedia que comenzó en apenas 39 segundos todavía no concluyó. Un mes después del doble terremoto de magnitudes 7,2° y 7,5° que estremeció el norte de Venezuela el 24 de junio, el país sigue inmerso en una emergencia humanitaria de enormes proporciones. Mientras las tareas de búsqueda continúan de manera escasamente profesional entre montañas de escombros, el balance oficial de víctimas volvió a aumentar y organismos internacionales advierten que la reconstrucción demandará años, además de un esfuerzo financiero que hoy está muy lejos de cubrirse.

Las autoridades venezolanas elevaron ayer a 5.398 el número de fallecidos tras confirmar otras 52 muertes vinculadas al desastre. La cifra de heridos permanece en 16.740, mientras que 17.907 personas perdieron sus viviendas y 23.335 permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios distribuidos en las zonas más castigadas. Hasta el momento, el Gobierno a cargo de Delcy Rodríguez asegura haber brindado asistencia a 128.324 familias, aunque miles de damnificados continúan dependiendo de la ayuda humanitaria para cubrir necesidades básicas.

Sin embargo, el aspecto más dramático de la tragedia sigue siendo el de los desaparecidos. Aunque las autoridades no publican un registro oficial, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela señaló a La Voz que mantiene reportes de alrededor de 29.400 personas cuyo paradero continúa siendo desconocido. Naciones Unidas recibió además estimaciones preliminares que elevan esa cifra hasta 50 mil desaparecidos, un dato que refleja la magnitud del caos generado por el colapso de barrios enteros, especialmente en el estado costero de La Guaira.

En Caraballeda, una de las 11 parroquias que conforman el municipio Vargas, perteneciente al estado La Guaira (ubicado en el litoral central de Venezuela, frente al mar Caribe), la búsqueda de sobrevivientes y de cuerpos continúa impulsada tanto por rescatistas como por familiares que se resisten a abandonar la esperanza. Equipados con palas, picos y herramientas improvisadas, vecinos excavan túneles entre los restos de edificios derrumbados siguiendo cualquier indicio que pueda conducir a un ser querido. “Aquí, los altares improvisados junto a las ruinas conviven con el ruido constante de la maquinaria pesada y con el silencio de quienes todavía esperan noticias”, le comentó a este medio el periodista y productor radial Justo Navarro.

Mientras tanto, el impacto económico comienza a dimensionarse con mayor precisión. El Banco Mundial estimó que los terremotos provocaron U$S 19.600 millones en daños físicos directos, una cifra que convierte el desastre en uno de los más costosos de la historia reciente de Latinoamérica. De acuerdo con el organismo internacional, el 47% de las pérdidas corresponde a viviendas, valoradas en U$S 9.300 millones; la infraestructura sufrió daños por U$S 5.200 millones, mientras que edificios públicos, comerciales e industriales representan otros U$S 5 mil millones.

La Guaira y el Distrito Capital concentran casi la mitad del impacto económico, aunque Miranda y Carabobo también registran daños severos. Entre los cuatro, reúnen el 85% de las pérdidas estimadas.

El Banco Mundial advierte, además, que la recuperación económica tras los terremotos podría extenderse durante una década si la reconstrucción se limita a reasignaciones presupuestarias y no incorpora nuevas inversiones públicas y privadas. En ese escenario, la producción, el consumo y el crecimiento permanecerían por debajo de los niveles previos al desastre al menos hasta 2036, lo que refleja la profundidad del impacto estructural.

En paralelo, las organizaciones humanitarias alertan sobre un deterioro sostenido de las condiciones sociales. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) sostiene que la emergencia está lejos de haber terminado y remarca la necesidad de mantener la asistencia durante los próximos meses. Miles de familias continúan dependiendo del suministro de agua embotellada debido a los daños en los sistemas de distribución, mientras crece la preocupación por posibles brotes epidémicos, impulsados por la interrupción de servicios sanitarios y por la concentración de desplazados en refugios temporales.

La salud mental emerge como un desafío creciente. Según la FICR, numerosos sobrevivientes padecen ansiedad, insomnio, miedo y depresión tras la pérdida de familiares, de viviendas y de medios de vida. Para atender esta situación, la organización mantiene un hospital de campaña y una clínica de emergencia en La Guaira, con capacidad de asistir a unas 30 mil personas. Sin embargo, sólo ha recibido una cuarta parte de los fondos solicitados, lo que limita su capacidad de respuesta.

Las restricciones financieras afectan también al conjunto de la ayuda internacional. El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) advierte que apenas el 39% del Plan de Respuesta Humanitaria cuenta con financiamiento, a pesar de que las necesidades aumentaron cerca de un 50% tras el desastre. Se estima que 1,3 millones de personas requieren asistencia urgente, mientras el objetivo es alcanzar los 6,2 millones en seis meses, meta comprometida por la falta de recursos.

Además, casi 24 mil niños permanecen sin clases debido a la destrucción de escuelas o a su uso como refugios. Aunque el Gobierno comenzó a entregar viviendas, la situación sigue marcada por los escombros, las réplicas y la incertidumbre de miles de familias, en una crisis que trasciende el número de víctimas y expone una recuperación aún incipiente.