Bolivia en crisis. El Gobierno denunciará ante la OEA el bloqueo por “atentado a la democracia”
El país vecino enfrenta una parálisis logística con 35 puntos de interrupción en rutas clave. Ya hubo más de 127 detenidos y la administración de Ramiro Paz solicita la intervención de organismos internacionales.
Bolivia registra actualmente 35 puntos de bloqueo activos distribuidos en cinco departamentos, una situación que ha dejado aisladas rutas estratégicas y mantiene al transporte pesado varado en diversos tramos del país.
En el departamento de La Paz, las movilizaciones cumplen ya 14 días, lo que ha provocado un preocupante desabastecimiento de alimentos, de combustible y de oxígeno medicinal.
La violencia escaló drásticamente el lunes en la sede de gobierno, donde manifestantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Evo Morales protagonizaron enfrentamientos con la Policía, ataques a edificios públicos como el Tribunal Departamental de Justicia y saqueos a comercios privados.
El comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol, informó que la cifra de detenidos supera las 127 personas, entre arrestados y aprehendidos, quienes enfrentarán cargos por delitos que incluyen vandalismo y ataques a la población.
El saldo humano de los disturbios también incluye a 11 policías heridos, dos de ellos de gravedad; uno de los agentes corre el riesgo de perder la visión tras ser golpeado brutalmente en una estación del teleférico.
Ante la magnitud de las protestas, se ha reforzado la seguridad en la plaza Murillo y se han emitido órdenes de captura contra dirigentes como Mario Argollo, líder de la COB, bajo cargos de instigación pública a delinquir y terrorismo.
El choque político y la respuesta internacional
Desde el ámbito político, el canciller Fernando Aramayo anunció que Bolivia presentará una denuncia formal ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por lo que calificó como un “atentado contra la democracia y la estabilidad política”.
El Gobierno solicitará el envío de una misión de embajadores para verificar la situación y denunciará una supuesta estrategia desestabilizadora vinculada al expresidente Evo Morales, a quien acusan de buscar una ruptura del orden democrático para retornar al poder.
Aramayo fue enfático al declarar que, si bien se respetan las demandas sociales, no se negociarán la renuncia del presidente Paz ni acciones que calificó de "sedición".
Por su parte, Evo Morales describió las protestas como una “sublevación del pueblo” contra el plan de reformas neoliberales de Rodrigo Paz, quien, según el exmandatario, busca privatizar servicios básicos y recursos naturales.
Morales también denunció la supuesta llegada de material represivo desde Argentina en aviones Hércules, acusando una injerencia extranjera para reprimir las movilizaciones.
Mientras el conflicto se agudiza, el sector empresarial paceño ha alertado sobre la paralización de las exportaciones y sobre la falta de seguridad jurídica para la inversión, subrayando el impacto económico de una crisis que parece lejos de encontrar una solución dialogada.
