España acató decisión europea y liberó a la etarra Inés del Río

Madrid. La etarra Inés del Río Prada, condenada a más de 3.800 años de prisión, salió ayer en libertad después de que la Justicia española ordenara su excarcelación en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tedh), con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo. La liberación de Del Río Prada puede haberse convertido en la primera de muchas otras resoluciones similares, ya que el fallo del lunes de la corte de Estrasburgo contra el Estado español, por la vulneración de los derechos fundamentales de la etarra, abrió la puerta a la excarcelación de un centenar de exmiembros de la organización armada vasca y de otros presos comunes que cometieron delitos graves en la península. Poco después de la liberación de Del Río Prada, también en cumplimiento de la sentencia de anteayer del Tedh, el Tribunal Superior de Justicia de Londres decretó la libertad condicional de otro etarra, Antonio Troitiño Arranz, cuya extradición a España había sido aprobada. El fallo del Tedh enterró la llamada "doctrina Parot" establecida por el Tribunal Supremo español y que consistía en aplicar los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de la condena y no sobre los 30 años de estancia máxima en prisión que establece la ley en España. Muchos de los etarras que fueron condenados por terrorismo han sido juzgados conforme al Código Penal de 1974, que era la ley vigente en el momento de la comisión de sus crímenes. Hasta la reforma de 1995, la ley concedía a los condenados por cualquier delito la posibilidad de redimir un día de condena por cada dos de trabajo en prisión –de modo muy excepcional uno por uno– y, en todos los casos, la aplicación de la reducción de penas se hacía a partir del máximo cumplimiento. Sin embargo, en febrero de 2006 el Supremo cambió el criterio y comenzó a computar de forma retroactiva la liquidación de las penas de los etarras sobre la totalidad de la condena, para evitar la excarcelación de un buen número de miembros de ETA. Esta modalidad, que se llamó "doctrina Parot", fue considerada ilegal y derogada por el Tedh. La primera consecuencia del fallo del lunes llegó a primera hora de la mañana de ayer, cuando los 17 miembros del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España resolvieron, por unanimidad, liberar a Del Río Prada acatando el dictamen de la corte de Estrasburgo, por tratarse de una decisión firme y de obligatorio cumplimiento. Pasadas las 16.30, Del Río Prada, de 55 años, abandonó la prisión gallega de Teixeiro, en La Coruña, poniendo fin a 26 años y tres meses de encierro. La mujer, que había sido condenada a 3.828 años de prisión por 24 asesinatos, salió de la cárcel con la cara tapada por una "Ikurriña" (bandera vasca) junto a su abogada y un grupo de familiares, y no hizo declaraciones a la prensa. "Ni olvido, ni perdón", le gritaron a la etarra dos hombres que dijeron ser hijos de militares víctimas de ETA y que se acercaron a la prisión con una bandera española con el escudo tachado porque dijeron que "no representa nada". El gobierno del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que no está de acuerdo con el fallo del Tedh, aseguró que será la Justicia española, la Audiencia Nacional en los casos de delitos de terrorismo, y los tribunales provinciales en otros delitos, los que decidan en cada caso particular como se aplicará el fallo. El Ejecutivo español remarcó que no habrá "impunidad" y no permitirá que se vulneren los derechos de las víctimas de ETA con actos de enaltecimiento ante las previsibles excarcelaciones. "La Fiscalía estudiará caso por caso", afirmó ayer el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, garantizando a las víctimas de ETA que "no se va a alentar la salida masiva de presos etarras". Ahora, la Audiencia Nacional decidirá los pasos a seguir con el resto de reclusos sentenciados que se encuentran en una situación similar a la de Del Río Prada. Sobre la mesa, el tribunal tiene, entre otros, un recurso de la etarra Josefa Mercedes Ernaga, condenada a 794 años de prisión por el atentado al supermercado Hipercor de Barcelona en junio de 1987, en el que murieron 21 personas. La mujer lleva 26 años encarcelada.

A la espera. Otro de los etarras sobre cuya situación deberá expedirse la Justicia española es Juan Manuel Píriz López, quien lleva 29 años en prisión y fue condenado a 61 por haber asesinado a otro miembro de ETA. Una treintena de recursos están en manos de la Audiencia y un número similar depende del Tribunal Constitucional.

Instancias. En su primera sentencia por Del Río Prada, en julio de 2012, el Tribunal de Estrasburgo había concluido que España "vulneró el derecho a la libertad" de la etarra al mantenerla en prisión tras una revisión de su condena, en la que se le aplicó la "doctrina Parot".

Pedido de víctimas. Asociaciones de víctimas del terrorismo pidieron al Ejecutivo que "no acate" el fallo de Estrasburgo, pero el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, dijo que el gobierno "tiene un margen muy estrecho" para atender esas demandas.