Del Congreso a las calles
La batalla que se auguraba para el Congreso, una vez pasado su receso, puede mudarse a los tribunales o a las calles, algo que parecía inimaginable cuando todos ponderaban al exdirigente sindical.
La espectacularidad del operativo llevó la declaración coercitiva del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva a las portadas de todo el planeta. Ver a quien se retiró tras ocho años en el Palacio del Planalto con una popularidad que orillaba el 80 por ciento ser sacado de su casa de madrugada, con ampuloso despliegue policial, pareció un trato más digno de un capo mafioso o un jerarca narco que el del mandatario al que líderes del mundo entero reconocieron su labor para rescatar a millones de personas de la pobreza. Aunque las oscuras manchas de la corrupción en el Lava Jato salpicaban cada vez más arriba y se acababan de filtrar supuestas confesiones, luego desmentidas, de un delator premiado que situó al exmandatario y a la actual presidenta, Dilma Rousseff, en el nudo de la trama, no dejó de sorprender la forma del procedimiento. Fue acaso el paso más criticado de los dados por el juez Sergio Moro, quien lleva adelante la causa del Petrolao y ha sentado en el banquillo a miembros de fuste de la clase política (sobre todo del oficialismo) y a altos empresarios de Brasil.Pero más allá de las formas, más cercanas al show que al rigor de la investigación, la jornada del viernes, con Lula como protagonista, terminó de dividir aguas entre quienes vieron la decisión judicial como ejemplar y quienes la consideran un paso más de una estrategia de "golpe blando" perpetrado en distintas fases y escalas.Los detractores de Lula, su sucesora y todo lo que lleve el sello del Partido de los Trabajadores (PT) hallaron en el procedimiento el soporte necesario para reimpulsar un juicio político a la actual presidenta, su renuncia o la salida como sea del actual Ejecutivo. Y sumando argumentos de otra índole a la bolsa de clamores de cambio, hubo quienes alegaron que este gobierno, con 3,8 por ciento de caída del PIB en 2015 y malas perspectivas para 2016, no puede completar su mandato, que expira el último día de 2018. Entre los que abogan por el fin de ciclo están el senador Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB), derrotado por Rousseff en octubre de 2014, exgobernador de Minas Gerais y político sobre quien también se agitaron graves denuncias de corrupción que hoy parecen archivadas. Junto a él, todo el PSDB del expresidente Fernando Henrique Cardoso y la poderosísima Federación de Industriales del Estado de San Pablo (Fiesp).Desde el oficialismo, ven en esta ofensiva contra el histórico líder del PT y su sucesora una estrategia destituyente en la que, además del principal partido opositor y sectores de la elite empresaria, incluyen a parte del Poder Judicial y los mayores grupos mediáticos del país.Lula y el PT, que ya vio descabezada su cúpula en 2006 con el Mensalão y tiene a prominentes figuras procesadas, esgrimen que esta nueva fase del Lava Jato apunta no sólo al impeachment contra Dilma, iniciativa que había perdido fuerzas tras la aprehensión del exaliado y ahora acérrimo enemigo de la jefa de Estado Eduardo Cunha.Al poner a Lula como objetivo, señalan, no sólo debilitan a la presidenta, que ayer dio un sólido aval a su mentor, sino que buscan cercenar planes del extornero de presentarse en los comicios de 2018, algo que confirmó ocho días atrás, en el 36° aniversario de la fuerza que fundó. Además, sugieren que el operativo del viernes fue para medir reacciones y fuerzas. Lo cierto es que ese día la tensión se palpó en las adyacencias del recinto donde Lula declaraba, en Congonhas. La batalla que se auguraba para el Congreso, una vez pasado su receso, puede mudarse a los tribunales o las calles, algo que parecía inimaginable cuando, desde Barack Obama para abajo, todos ponderaban al carismático exdirigente sindical. Furioso, el calamar prometió no agachar la cabeza; la pelea de fondo acaba de comenzar.
