Comercio internacional. Acuerdo Mercosur-Unión Europea: la Justicia definirá el futuro del pacto que impacta en el agro nacional
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza la legalidad de la división del tratado, cuya aplicación comercial rige de forma provisional desde el pasado 1 de mayo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) inicia este viernes las sesiones clave para examinar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La primera vista contará con los argumentos de la Comisión Europea, que busca defender la validez del pacto.
El foco de la controversia legal radica en la decisión de la Comisión de partir el acuerdo en dos: una parte comercial y otra política. Esta maniobra permitió que el capítulo económico avanzara sin necesidad de la aprobación unánime de los 27 países miembros.
La estrategia evitó bloqueos de países con sectores agropecuarios de peso, como Francia, Polonia e Irlanda, que votaron en contra en enero pasado. Al aplicarse por mayoría cualificada, el acuerdo comercial ya beneficia a un mercado de 700 millones de personas.
Impacto en las exportaciones y el mercado local
La parte que ya se aplica de forma provisional elimina la inmensa mayoría de los aranceles vigentes hasta la fecha. Para los exportadores del Mercosur, entre ellos los productores argentinos, esto representa un acceso mucho más amplio al mercado europeo.
A cambio, la Unión Europea busca ganar acceso a contratos de contratación pública en Argentina y Brasil. También prioriza la importación de productos agroalimentarios, minerales y tierras raras para reducir su dependencia de potencias como China.
Sin embargo, el clima político en Europa es tenso tras las protestas de cientos de agricultores con tractores en ciudades como Madrid. Los críticos denuncian que productos de la región no cumplen con las exigencias fitosanitarias impuestas en el continente europeo.
Plazos legales y riesgos de seguridad jurídica
El fallo definitivo de la Justicia europea se espera en un plazo de entre 18 y 24 meses, por lo que la sentencia llegaría recién a fines de 2027. Mientras tanto, la aplicación provisional continúa generando contratos mercantiles y compromisos económicos.
El riesgo principal es que los jueces den la razón al Parlamento Europeo y anulen la división del pacto. Si esto sucede, Bruselas podría quedarse sin base legal para aplicar un acuerdo que hoy involucra a 31 naciones.
Francia lidera la oposición exigiendo "cláusulas espejo", para que los productos del Mercosur cumplan exactamente las mismas normas que los europeos. De no prosperar el aval judicial, la estabilidad política y económica del bloque regional podría verse comprometida.
