Esencial. Seguridad Estructural, la decisión pendiente

Los últimos episodios ocurridos en la ciudad de Córdoba vuelven a poner en discusión cuánto pesa realmente la seguridad estructural frente a los plazos y costos de obra. Esto visibiliza tensiones entre responsabilidad profesional, controles públicos y cumplimiento normativo. Mientras la Municipalidad avanza con clausuras e investigaciones, el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba insiste en revisar los mecanismos de aprobación técnica previa.

¿Se trata de hechos aislados, o del síntoma visible de prácticas normalizadas dentro del crecimiento urbano? El desafío consiste en indagar qué ocurre frente a la falla, colapso o derrumbe de una obra: decisiones, omisiones y controles que rara vez llegan a la plana pública. La difundida “ley de los cincos” (de R.W. Sitter), destaca la importancia de invertir en las fases iniciales de un proyecto para evitar costos exponenciales de deterioro. Esa “ley” postula que cada peso invertido en la etapa de proyecto de manera eficiente equivale a ahorrar 5 pesos en la etapa de construcción, 25 en la etapa de mantenimiento, o 125 en la de reparaciones para la rehabilitación total.

Toda obra, sin importar su tamaño, estará expuesta durante su vida útil a distintos escenarios: cambios de carga, sismos, viento, fuego, modificaciones de uso o deterioro por el paso del tiempo. El riesgo de falla de una obra (probabilidad de pérdidas humanas y materiales) es el resultado del producto de combinar la peligrosidad (probabilidad de ocurrencia de un hecho o acción que cause daño) con la vulnerabilidad (susceptibilidad de personas o estructuras a sufrir un daño), generando pérdidas potenciales.

En los últimos años, en la ciudad de Córdoba se han conocidos diversas fallas o problemáticas en obras. Para mencionar algunas que fueron de público conocimiento:

Algo en común en todos estos casos es que la problemática de fallas se podría haber evitado (o disminuido las consecuencias) realizando mínimamente un control previo, evitando que la sociedad asumiera un gasto o disgusto innecesario.

Aplicar y combinar los conceptos de la “ley de los cincos” (de Sitter) y el riesgo de falla de una obra permite mejorar de manera eficiente y económica la seguridad estructural de la ciudad, además de brindar mejor calidad de vida en los ciudadanos, disminuir el costo económico de mantenimiento y reparación, aumentar la vida útil de sus construcciones y (sobre todo) disminuir las pérdidas de vidas humanas.

El aumento de obras que presentan fallas reaviva el debate sobre la disminución en los controles municipales y la falta de rigor técnico en etapas críticas de obra, como excavaciones, fundaciones, o detectar soluciones constructivas precarias y documentación estructural incompleta.

Se advierte que la simplificación normativa introducida en Córdoba a fines de los años 90 (donde se eliminó la exigencia municipal de presentar planos estructurales y de instalaciones para aprobar obras) debilitó el control técnico y generó construcciones con menor respaldo documental sobre su estructura y fundaciones. Esta situación dificulta que el municipio disponga de información técnica completa sobre las estructuras construidas en las últimas décadas, por lo que no puede planificar su accionar futuro frente a la problemática edilicia, diagnosticar refuerzos o ampliaciones de obra.

En algunas obras se advierte que la falta de planos estructurales, documentación técnica (como el registro de estudio de suelos, tipo de fundaciones, plan de trabajo) obliga en muchas obras a realizar excavaciones sin conocimiento, reemplazando el diseño técnico por decisiones basadas en la improvisación, la disponibilidad en obra o en la experiencia individual, lo que incrementa el riesgo para los operarios, los vecinos y las construcciones linderas.

La Provincia, impulsada por Colegio de Ingenieros Civiles, cuenta con una Ley de Seguridad Estructural que exige aplicar los reglamentos Cirsoc e Inpres en obras públicas y privadas (reglamentos recientemente actualizados y en vigencia nacional). La ciudad de Córdoba aún no ha adherido a esta ley, generando diferencias en los estándares de seguridad entre obras públicas y desarrollos privados. Cabe remarcar que otros municipios (como el de Río Cuarto) ya adhirieron a esa normativa y se presentan expedientes de obra con la firma de todos los responsables intervinientes en la obra.

También está altamente demostrado que la incorporación de controles disminuye el riesgo de falla de obra y disminuye los costos generales (se pueden observar los resultados en países como Chile vs Haití). Si bien la Municipalidad de Córdoba avanzó en la digitalización de permisos de obra y el uso de herramientas como BIM (Building Information Modeling) para agilizar trámites, se advierte que la modernización administrativa no debería reducir las exigencias de documentación técnica, especialmente en lo referido a estudios de suelo, memorias de cálculo y descripciones de desarrollo técnico, planos estructurales y de fundaciones, y que quede registrada la firma de los profesiones responsables que intervinieron en cada etapa de desarrollo de la obra.

Este aumento observado en la falla de obras reabre el debate sobre la responsabilidad municipal en el control de obras públicas y privadas, la prevención del riesgo y la seguridad en espacios públicos, y el cumplimiento de normas vigentes. Con todo esto, no hay duda de que se debe reforzar la revisión técnica de proyectos y la inspección de obras para evitar nuevos y futuros incidentes. Sólo necesitamos, como comunidad, que el municipio tome acción frente a esta problemática.

En síntesis, la seguridad estructural no depende únicamente del cálculo de un ingeniero o del diseño de un arquitecto. Es una decisión colectiva que involucra normas claras, controles efectivos y responsabilidad profesional. La pregunta que queda abierta es si la ciudad está dispuesta a asumir esa decisión antes del próximo derrumbe, para resguardar las vidas humanas, proteger los bienes y preservar el espacio público.