Una lucha de todos los días

La puesta en funcionamiento en la provincia de Córdoba de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) es bienvenida por el conjunto de la sociedad. Este cuerpo asumirá la difícil misión de dar batalla a un flagelo que se ha expandido hasta límites inquietantes en gran parte del territorio provincial. La nueva estructura creada para contrarrestar el tráfico de drogas a baja escala dependerá del Ministerio Público Fiscal y es la concreción de una iniciativa a la que recurrió el gobernador José Manuel de la Sota en febrero de 2014.Pocos meses antes, había detonado el denominado "narcoescándalo", que vinculó a altos jefes policiales de Drogas Peligrosas con lo más temible del hampa.Sin embargo, otros hechos también ligados a la inseguridad y al submundo del delito llegaron a empañar la pompa del acto del pasado lunes durante el cual se lanzó la FPA.Se trata del enorme operativo policial que se desplegó el pasado fin de semana por distintos sectores de la ciudad de Córdoba. Si bien permitió la detención de sujetos con pedido de captura y el secuestro de algunos bienes robados, perjudicó a decenas de ciudadanos que cayeron presos sin ningún motivo que lo justificara.La ola de atracos que sacude a los cordobeses debe ser revertida con una acción decidida y eficaz de parte de las fuerzas de seguridad, pero de ningún modo pueden admitirse procedimientos que terminan afectando los derechos individuales de las personas.La sobreactuación como forma de justificar una lucha frontal contra el delito no es aconsejable. Por el contrario, desnuda cierta impericia de investigación para acertar con los lugares donde se mueven y guarecen los delincuentes.Entre las críticas formuladas al operativo, el Observatorio de Derechos Humanos –que depende de Universidad Nacional de Córdoba– denunció presuntos atropellos por parte de los agentes de seguridad y señaló que muchos vecinos fueron detenidos de manera arbitraria.Los procedimientos y los controles policiales son un buen antídoto para prevenir el delito, pero no se debe incurrir en prácticas abusivas y discriminatorias de aprehensión de personas por su apariencia física o por la zona donde vive.De la misma forma, el lanzamiento de la FPA, en tanto se perfila como una herramienta policial y jurídica destinada a contrarrestar la proliferación del narcotráfico, no debe quedar sólo en la agenda preelectoral, como otros anuncios de alto impacto que sin dudas se escucharán antes de los comicios que se avecinan.El narcotráfico ligado a la ola delictiva es una de las máximas preocupaciones ciudadanas, según las encuestas que se difunden de forma periódica. Y la respuesta debe ser una batalla cotidiana, planificada y respetuosa de los derechos, no sólo un espectáculo de fin de semana.