Una cuestión de Estado

Aunque sus protagonistas se resisten a comprenderlo, la salud de un presidente siempre es una cuestión de Estado. Este principio democrático ha sido poco respetado por los mandatarios argentinos, al interpretar que el reconocimiento de una enfermedad o una dolencia, aunque pasajera, es un signo de debilidad.

Lo que sucede con el estado de salud de la presidenta Cristina Fernández es demostrativo de ese análisis erróneo. Lo primero que hay que señalar es que la gran mayoría de la sociedad anhela una rápida recuperación física de quien hoy tiene la máxima investidura del país. Es un deseo colectivo al que, como medio de comunicación independiente, nos sumamos, pues lo más importante es la recuperación plena de la Presidenta para la finalización de su mandato en 2015.

Sin embargo, el ejercicio de la democracia exige algo más que el parte informativo dado a conocer por el vocero presidencial en las últimas horas del sábado y el comunicado de una institución privada, que dio cuenta ayer de que hoy la Presidenta será sometida a una intervención quirúrgica. Ambos informes carecen, por caso, de un diagnóstico profesional amplio –avalado por los responsables de la Unidad Médica Presidencial–, el cual debería detallar los orígenes del hematoma cerebral, los estudios que se le practicaron en las últimas semanas, su evolución y el probable período de recuperación.

El parte oficial –leído por el vocero presidencial en las últimas horas del sábado luego de varias horas de incertidumbre– consignó que el problema se originó a partir de un golpe en la cabeza que la Presidenta sufrió el 12 de agosto último. Pero otras fuentes señalan que, en realidad, el episodio ocurrió tres días antes –el 9 de agosto– en ocasión de un viaje hacia el sur argentino. La falta de una explicación médica certera da pie a múltiples especulaciones sobre el verdadero estado de salud de Cristina Fernández y sobre cuánto tiempo se extenderá la convalecencia.

Este cuadro clínico adquiere una dimensión especial en la Argentina, donde la Presidenta ha construido un esquema de poder basado en un sistema concentrado, por lo que todas las decisiones en temas políticos y económicos pasan por sus manos.

El dato abre un interrogante sobre cuánto se exigirá ahora en la resolución de problemas cotidianos, cuál es el alcance real de la delegación en manos del vicepresidente Amado Boudou y quién asumirá la conducción de asuntos estratégicos, como son los conflictos por la deuda ante los tribunales de Estados Unidos y el de la pastera ex-Botnia con Uruguay, entre otros temas.

Y un aspecto más: la máxima responsabilidad que ejerce ahora Boudou demanda de su parte una explicación detallada sobre las diversas causas judiciales que lo involucran. En este caso, la información y la transparencia también son cuestiones de Estado.