Una batalla por ahora perdida

L a venta y el consumo de drogas ilegales en la Argentina se ha incrementado a niveles devastadores, pese a las publicitadas políticas, sociales, sanitarias y de seguridad que ponen en marcha los gobiernos en su batalla (por ahora perdida) para erradicar el flagelo del narcotráfico. Los registros se revelan categóricos y preocupantes, pues señalan un significativo crecimiento del tráfico de drogas en zonas barriales con baja presencia policial, donde los grupos narcos se mueven con una impunidad escalofriante y hasta en una suerte de "poder paralelo".Estos y otros indicadores figuran en el informe comparativo sobre narcotráfico y las adicciones en la Argentina durante el quinquenio 2010-2015, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), como ampliación del informe que fuera difundido en marzo pasado.La venta de estupefacientes en los barrios se incrementó hasta el 55 por ciento durante el período señalado, con un predominio de los grupos narcos en zonas urbanas con escasa presencia policial, señala el trabajo de la UCA.El informe agrega un dato estadístico que no es novedoso, pero que compromete de manera inexorable a enormes franjas de adolescentes que viven en condiciones sociales de marginalidad: "El problema afecta a toda la sociedad, aunque las principales víctimas son los jóvenes, en especial aquellos socialmente excluidos que carecen de estructuras públicas, familiares y/o comunitarias de protección", advierte.La medición abarca regiones de todo el país, con preponderancia en conglomerados de mayor concentración poblacional (como el conurbano bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires, entre otras), aunque no parece haber región a salvo de este flagelo que lacera el tejido social y el desarrollo humano.Por cierto, los cordobeses no somos ajenos a este escenario más que preocupante, toda vez que tanto los informes periodísticos como la proyección que hacen las propias autoridades provinciales coinciden en marcar la proliferación de las bandas mafiosas que operan en distintas barriadas y que han protagonizado más de un incidente sangriento.¿Habrá que esperar la difusión del próximo informe para reflexionar que poco o nada ha cambiado? Es responsabilidad del Estado poner en agenda las políticas de prevención sanitaria en salvaguarda de un vasto sector de la comunidad consternado por las adicciones. Y, en materia de seguridad, encarar el combate sin tregua a los grupos narcos que operan en todo el territorio nacional.La desintegración social por el accionar de estas bandas criminales ya resulta evidente y es hora de actuar.