Un dispositivo macabro

La semana pasada fue la sexta vez en los últimos ocho meses que un hombre de 43 años ingresó al Hospital de Urgencias de Córdoba atropellado por un auto. No hay el más mínimo error en estos datos, que se desprenden de su historia clínica. Se trata de una persona con serios problemas psicológicos. Sin embargo, ninguno de los accidentes que lo ha tenido como supuesta víctima, desde julio de 2013 hasta fines de abril de este año, parece haber sido producto de ese desequilibrio mental sino de un cálculo previo, una ecuación en la que se combina un patología personal con una social.La hipótesis que abonan los médicos que lo han tratado, tal como la informó este diario, es que el hombre integra el engranaje de los "correambulancias", también llamados "caranchos", es decir los estudios jurídicos o abogados que lucran con los siniestros viales y laborales.El mecanismo que está en la base de esa conjetura es truculento: el hombre provoca el accidente –y pone en riesgo su vida y las de las personas que viajan en el auto que lo atropella– para que un abogado luego demande a la empresa aseguradora del vehículo. Ese es, entonces, su singular trabajo.Como señalaba uno de los médicos entrevistados por este diario, por un lado compromete el presupuesto del hospital público, que debe destinar sus recursos siempre escasos para curar en forma reiterada a una persona en estas circunstancias. Por otro lado, deja a la luz la práctica de abogados inescrupulosos que fomentan y sostienen la tan particular rutina de este hombre.Hace años que se denuncia a los "correambulancias", desde distintos sectores sociales. Este diario, por ejemplo, publicó un detallado informe en mayo de 2010. Allí se daba cuenta de una operatoria que incluye ofrecerles dinero a enfermeros, servicios de ambulancia, médicos y policías a cambio de datos sobre accidentes; presionar a familiares de los damnificados para obtener un poder que los habilite a presentarse como abogados de la víctima, y llegar a arreglos extrajudiciales con la parte demandada sin conocimiento de su representado, que entonces ignora los pormenores del acuerdo y apenas si recibe una ínfima parte del dinero en juego.Cuatro años después, este falso atropellado parece demostrar que los "correambulancias" siguen activos y que son profesionales capaces de actuar sin ningún principio ético ni moral.La doble reflexión que nos debe inducir a buscar respuestas es qué puede hacer la sociedad en su conjunto para aislar a estos crápulas y con qué instrumento legal cuentan las autoridades para perseguirlos y sancionarlos. Este macabro dispositivo, donde alguien juega a hacerse atropellar para abrir una causa judicial en la que alguien deberá acceder a pagar una cuantiosa suma para no ser condenado, no debe quedar impune.