Transición con grandeza o "viveza"

Todo gobierno legitimado por elecciones, sin proscripciones ni limitaciones, tiene el derecho de ejercer el mandato hasta el último día del período constitucional.

En el caso de Córdoba, la legitimación del poder admitió algunas observaciones, sobre todo por el tumultuoso proceso de escrutinio, saturado de denuncias de fraude y manifestaciones, pero quedó firme luego del correspondiente dictamen de la Justicia Electoral.

Todo gobernante legitimado tiene el deber- no ya por prescripción constitucional sino por mandato imperativo de la ética y la hombría de bien- de no realizar, en la etapa final de la administración saliente, actos que de una u otra forma puedan condicionar o limitar la libertad de acción del próximo gobierno entrante.

Pero la partidocracia nacional está saturada de "viveza criolla". Por eso, su más tenaz tradición sea, precisamente, una febril campaña para dejar a la administración entrante algo así como una tierra arrasada o un campo minado.

Lo de siempre: el mandatario saliente pasa a planta permanente a centenares y a veces millares de agentes contratados; concede aumentos desproporcionados al conjunto de los empleados y recompensa con ascensos injustificables y con sueldos menos justificables aún a quienes demostraron activa vocación de obsecuencia.

Esta es la forma menos gravosa de la "viveza criolla" aplicada a las transiciones administrativas. La peor, por lo abrumadoramente condicionante que supone, es la extensión abusiva de contratos de servicios públicos y la contratación de otros, que no son más que canonjías obsequiadas a empresarios cortesanos.

Pero hay más: por ejemplo, emitir títulos de deuda pública que ofrecen rendimientos superiores a los vigentes en el mercado y a plazos que superan ampliamente los períodos constitucionales de gobierno. O contratar servicios que deberán pagarse con llamativos sobreprecios. O lanzar ambiciosos proyectos de construcción de obras faraónicas, que durmieron durante años y de pronto son desempolvados y licitados de tal manera que el eventual cotejo de precios no sea otra cosa que un disfraz de apariencias, porque los trabajos ya han sido adjudicados de hecho al empresario más afín a los intereses, políticos y de los otros, del gobierno saliente. Los malos ejemplos se repiten en todas las jurisdicciones.

Los gobiernos harían una memorable contribución a la claridad administrativa y al fortalecimiento de las instituciones democráticas si se abstuviesen, dentro de lo humanamente posible, de prolongar en el tiempo la nefasta tradición de la "viveza criolla" y sus deleznables secuelas de condicionamientos, tierras arrasadas y campos minados.

Alguna vez, la transición tendría que ser realizada por hombres dignos de la confianza y esperanzas que el pueblo les ofrenda en las urnas.