Sin justicia

La percepción y el sentido común de la ciudadanía colocan a la Justicia en un plano de opaca administración y excesiva demora en cuanto a resolver causas que llevan años de trámite en juzgados colapsados por la acumulación de expedientes de toda índole. No es una novedad que, en muchos casos, esta parsimonia extendida en el tiempo obedece a la injerencia de la política en los tribunales; de manera particular, en episodios que tienen bajo sospecha de corrupción a funcionarios públicos.La provincia de Córdoba muestra un mal precedente en ese sentido: en agosto de 2003, la Legislatura Unicameral aprobó una ley que creó el fuero en materia Penal Económica y Anticorrupción, pero los resultados de ese auspicioso proyecto son magros, a la luz de la parálisis de causas o el pase al archivo de muchas denuncias.Un informe publicado por este diario el pasado lunes refleja los inconvenientes que se sucedieron en el referido fuero, que había sido impulsado por aquellos días de 2003 por el gobernador José Manuel de la Sota, en un gesto por transparentar la administración del Estado y poner en caja a los funcionarios bajo sospecha de actos ilícitos.Sin embargo, ni la tarea del fiscal Hugo Amayusco ni los cambios producidos luego, con el aporte de otra fiscalía especializada, dieron los resultados esperados.Es frecuente que la mayoría de los expedientes pasen sin escala al archivo o que las imputaciones y pedidos de enjuiciamientos duerman sin destino en el juzgado de Control del fuero, igualmente saturado, o en las cámaras del Crimen. Se trata de una imagen dañina para un sector específico del Poder Judicial de Córdoba que fue pensado para perseguir los actos de mala práctica en el ejercicio de la administración del Estado.Es cierto que la "judicialización de la política" muchas veces contribuye a que se presenten denuncias de impacto mediático, aunque sin sustento probatorio; pero no son menos los casos de parálisis en causas con fuerte tufillo a corrupción.No es un dato menor que a las voces críticas por el desempeño de ese fuero especial se haya sumado el designado fiscal adjunto de la Provincia, Héctor David, un dirigente muy ligado a De la Sota.El futuro miembro del Ministerio Público afirmó que las fiscalías y el Juzgado Anticorrupción están colapsados por su desmedida competencia y que es necesario dotarlos de "herramientas humanas y tecnológicas". Es decir, un diagnóstico compartido por muchos que cuestionan que sólo dos fiscales se aboquen a averiguar hechos de corrupción que se producen en el ámbito de la función pública.Múltiples razones han llevado a que la sociedad tenga una mala imagen del servicio de justicia; una de ellas es, precisamente, la escasa respuesta en delitos de corrupción.