Por una vivienda digna

A la infinidad de problemas sociales que afligen a Córdoba -la mayoría de los cuales también se plantea en el resto del país-, se suma ahora la ocupación ilegal de terrenos fiscales por parte de grupos de personas que pretenden construir viviendas a través del sistema de cooperativas comunitarias.

En algunos casos, las ocupaciones son alentadas por sectores políticos y organizaciones piqueteras, como la Tupac Amaru o la Aníbal Verón, que dicen no ser kirchneristas, pero que respaldan la decisión del Gobierno nacional de destinar recursos a este tipo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y no a empresas constructoras privadas, como es habitual para ejecutar los planes de viviendas impulsados por el Estado.

El Gobierno de Córdoba ha respondido, con razón, que los predios ocupados ya están adjudicados a distintos planes habitacionales que no se han puesto en marcha porque la Nación aún no ha girado los fondos correspondientes. En efecto, la Provincia invirtió 50 millones de pesos en la compra de tierras destinadas a la construcción de unas 12 mil viviendas, la mitad en la ciudad capital y el resto en el interior.

Esto hay que decirlo con todas las letras a la hora de dirimir responsabilidades referidas a un problema de la magnitud de la crisis habitacional. Destacados especialistas señalaron que se trata de una cuestión compleja y de difícil solución, que requiere del concurso de todos los niveles del Estado -la administración nacional, los gobiernos provinciales y los municipios- para encarar una adecuada y eficaz planificación que, también hay decirlo, brilla por su ausencia.

Según datos oficiales, en todo el país hay un déficit de 2,7 millones de viviendas. Y si se calcula que en cada casa pueden convivir en promedio cuatro personas -un matrimonio y dos hijos-, se tendrá una idea del enorme impacto social de ese déficit, que afecta ante todo a familias que hasta hace poco pertenecían a la clase media trabajadora y que en los últimos años perdieron ese lugar en la escala social, como lo explicó a este diario una investigadora en desarrollo urbano. Dijo que el sistema de cooperativas comunitarias, bien controlado, no es incompatible con una eficaz planificación urbana.

Lo que no está permitido es el uso político, clientelar o electoral de la crisis habitacional, que hace que muchos o la mayoría de los planes de viviendas queden en la nada o terminen en un fracaso. Por caso, en las recientes ocupaciones ilegales de la ciudad de Río Cuarto, oficialistas y opositores cruzaron acusaciones sobre quién había movilizado a familias carecientes.

El desarrollo urbano debe convertirse en una política de Estado, diseñada y llevada a cabo en forma conjunta por la Nación, las provincias y los municipios y con la participación de organizaciones sociales reconocidas y que no estén al servicio de ninguna fracción política.