Mal momento para un ajuste
La pretendida equidad en las tarifas del gas natural y del agua, que subyace en el fuerte ajuste en los aumentos, impacta negativamente en las familias, sacudidas por la inflación.
El Gobierno nacional anunció la reducción de los subsidios a dos servicios esenciales, como son los de gas natural para familias y comercios de todo el país, a excepción de los ubicados en territorio patagónico, y de agua potable y cloacas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Los servicios públicos, privatizados en la década de 1990 con tarifas dolarizadas, prácticamente no habían ajustado sus precios para los usuarios tras la caída de la convertibilidad en 2002. En los primeros años del kirchnerismo, tampoco se ajustaron esos valores, pero en la segunda mitad de la gestión de Néstor Kirchner y desde 2007 en adelante, bajo la presidencia de Cristina Fernández, los consumos de los usuarios fueron subsidiados por el Estado nacional.El auxilio del Tesoro se incrementó año tras año para demandar en 2013 erogaciones por 143 mil millones de pesos, según cálculos privados, incluidos en ese monto los subsidios a diversas actividades económicas y al transporte público.La necesidad de reducir el déficit fiscal, que se financiaba con emisión y generaba una espiral inflacionaria, llevó al Gobierno nacional a encarar una reducción en los subsidios, que además de una quita del 20 por ciento en los consumos mencionados, incluirá en una segunda etapa a los de electricidad.Los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación, Julio De Vido, presentaron este ajuste tarifario como un redireccionamiento de esos subsidios para sostener los planes Asignación Universal por Hijo (AUH) y Progresar. En realidad, esos planes son pagados con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), cuyos fines no son el financiamiento de tales programas –más allá de lo elogiable de sus objetivos sociales– sino atender las necesidades previsionales de quienes aportaron sus ingresos para disfrutar de una jubilación digna.Es una incógnita si el ahorro en los subsidios se destinará a los planes sociales o irá a parar a otras acciones oficiales, como el programa Fútbol para Todos, que demandaría este año 1.700 millones de pesos.Es equitativo que pague más quien más consume un servicio, pero este lógico ajuste tarifario se instrumenta en un momento delicado para millones de familias en la Argentina. Estas han sufrido una inflación de 28 por ciento en 2013 y de 7,2 por ciento en el primer bimestre. Ese incremento no fue correspondido aún con un aumento general en los salarios, ya que la mayor parte de las paritarias se negocia entre abril y junio.Nadie puede rechazar la aplicación de un principio de equidad, pero lo que se demanda es un gasto racional y eficiente por parte de un Gobierno que ha despilfarrado cifras millonarias en programas irracionales y en sostener una clientela política que profesa una fe acrítica en cualquier iniciativa oficial.
