Las culpas no son sólo ajenas

Las suspensiones y los planes de retiro voluntarios en las fábricas de automóviles instaladas en la Argentina han vuelto a colocar en primer plano la discusión sobre la situación del sector y el comportamiento empresario ante la recesión que se extiende desde el último trimestre de 2013.

Una de las voces más críticas fue la del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, por tratarse de un mandatario que ha alentado el desarrollo de los negocios en el ámbito privado y por ser esta provincia sede de tres terminales automotrices y de un importante entramado metalmecánico. De la Sota recordó las exorbitantes ganancias de las compañías multinacionales durante los dos últimos años, por lo que les demandó una actitud de mayor responsabilidad social empresaria para evitar los despidos.

Mencionó, como contrapartida, el esfuerzo que realizan cientos de autopartistas y pequeños talleres para mantener la dotación de personal pese a la fuerte caída en las órdenes de trabajo.

La producción nacional se redujo a 308.423 vehículos en el primer semestre de este año, 22 por ciento menos respecto del volumen que se registró entre enero y junio de 2013. En los primeros seis meses de 2014, las terminales exportaron 171.375 unidades, lo que reflejó una caída de 23,3 por ciento en comparación con 2013.

La baja en las ventas externas se vincula con la menor demanda desde Brasil, cuya economía tendrá este año un raquítico crecimiento que los analistas prevén menor al 1,5 por ciento.

Contrariamente a lo que señaló el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, la caída en la producción de automóviles y su impacto en el empleo no es sólo por una menor demanda exterior. También el mercado interno se retrajo, pues en junio las unidades entregadas por las automotrices a sus redes comerciales cayó 40 por ciento en relación con un año atrás.

Una suma de factores, como el impacto de la devaluación, el impuesto a los vehículos de alta gama que terminó afectando también a los modelos medianos, la suba de la tasa de interés y la inestabilidad laboral, junto a la incertidumbre económica, se combinó para que se produjera esta fuerte retracción interna.

La actuación del Gobierno nacional no fue ajena a ese fenómeno; tampoco es inocua la de los gobiernos provinciales. En Córdoba, se cobra una tasa vial a los combustibles que encarece el uso del automóvil, y se mantienen tributos elevados para la comercialización de los vehículos, por caso a la actividad de las concesionarias y de la red de servicios.

Además de revertir la situación macroeconómica, dominada por la inflación, la crisis exigirá un esfuerzo de todos los gobiernos por reducir la presión impositiva. Pero también es lógico exigir una actitud más responsable de parte de las automotrices.