La gestión o la campaña

Cada dos años, las fotos de las temporadas preelectorales repiten a un Congreso –al igual que legislaturas provinciales y concejos deliberantes– abundante en bancas vacías tanto como escaso en debates o en producción de leyes que en algunos casos llevan años de atraso.

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El reverso de la misma imagen exhibe, con no poca impudicia, a funcionarios y a legisladores lanzados de lleno a hacer campaña, a caballo de sueldos y dietas que abonan los contribuyentes.

Es cierto que algunos tienen el decoro suficiente como para pedir licencia –y luego enrostrar a quienes no lo hacen su escasez ética–, como si ello anulara la cuestión de fondo: que quienes hacen campaña, en uso de licencia o sin ella, no fueron elegidos o designados para tales efectos.

Sin dudas, la subsecuente parálisis político-administrativa es, en todos los casos, la menor de las consecuencias de tales prácticas.

Así, la celebración de la política de vuelo bajo en la que de forma cotidiana incurrimos en la Argentina añade a sus muchos defectos la convicción de que, una vez elegido o designado, el legislador o el funcionario habrá de consagrar la mitad de su mandato a gestionar su reelección o el ascenso a un nuevo estadio administrativo (aun antes de completar el mandato para el que fue consagrado), siempre atento a disimular, como los buenos prestidigitadores, un currículum que en no pocas ocasiones resulta condenatorio.

Quizá contribuyera a solucionar el problema que plantean las campañas la alternativa propuesta por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, de eliminar las elecciones de medio término.

Es cierto que se restringiría así la posibilidad de los electores de pronunciarse sobre la marcha de la gestión del gobierno de turno, pero es más razonable concentrar las elecciones cada cuatro años y enfocar luego todos los esfuerzos a procurar soluciones para los problemas que afronta la ciudadanía.

Una solución de tal naturaleza debería complementarse con otras herramientas sencillas, pero muchas veces ausentes: que los organismos de control funcionen de la manera adecuada, que se ajusten los mecanismos de fiscalización, que las sanciones a los transgresores se efectivicen, que se legisle para prohibir a funcionarios elegidos o para no participar de manera activa en campañas.

Que el presidente, los gobernadores y los intendentes se dediquen a lo que deben y para lo que fueron elegidos y, sobre todo, que no se usen enormes recursos del Estado (nacional, provincial, municipal) para solventar fines partidarios.

Esto implicaría una mejor democracia, esa simple solución que muchos prefieren soslayar.