Un futuro incierto

La jubilación es un problema en la Argentina. Esta grave realidad alcanza tanto a los actuales beneficiarios del sistema previsional, quienes perciben un beneficio insuficiente para afrontar con dignidad el retiro del mercado laboral, como a los actuales trabajadores que se encuentran en la informalidad.

El porcentaje de ocupados en situación irregular subió en el último año. A fines de 2012, la tasa llegó al 49,4 por ciento de la población que estaba en el mercado de trabajo, mientras que el año anterior había sido el 45,9 por ciento y en 2010, el 47,2 por ciento, según la Encuesta de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Este indicador estaría mostrando el estancamiento que se registró en la economía el año pasado, así como la escasa creación de empleos formales, más allá del alza registrada en el sector público.

Si la encuesta se abre por sexo, la realidad es aún más preocupante: el 56,1 por ciento de las mujeres ocupadas dijo no tener aportes, en tanto que entre los varones el índice llegó al 44,8 por ciento. Una diferencia mucho más pronunciada se observa en cuanto al nivel educativo: el 67,7 por ciento de los que no concluyeron el nivel medio está en la informalidad, la que sólo afecta al 37,3 por ciento de los que aprobaron ese nivel de instrucción.

La enorme legión de trabajadores –sea en empleos formales o cuentapropistas– que no realiza aportes para su futura jubilación enciende una señal de alerta sobre el futuro de esos ocupados al momento de jubilarse. La alerta es en dos sentidos: por un lado, porque el futuro beneficiario carecerá de un auxilio económico; por el otro, las arcas fiscales mostrarán un enorme déficit para atender otra oleada de no aportantes, como sucedió en años anteriores. Los aportes que faltan podrían destinarse a mejorar las remuneraciones que cobran jubilados y pensionados nacionales.

No se trata sólo de una riesgosa situación previsional, sino que también esas personas –al alcanzar la edad adulta– carecerán de un sistema de salud que atienda sus dolencias, las que se incrementan con los años. Si el Estado se ve obligado a financiar ambos déficits, la situación financiera puede tornarse más que delicada para la administración nacional.

Esta realidad obligaría a formular hoy las previsiones para evitar que esta verdadera bomba humana estalle dentro de algunos años, cuando los casi ocho millones de trabajadores golpearán las puertas del Estado para obtener un ingreso jubilatorio y atención de la salud, aun cuando los hospitales públicos sean una posibilidad abierta por la calidad de su atención.

La intensa propaganda sobre lo ganado en los años anteriores apenas alcanza para disimular este retroceso de un Estado que debe controlar y verificar que la evasión no les robe el futuro a los actuales trabajadores.