La extranjerización de la tierra

A  fines de 2011, el Gobierno nacional celebró la sanción legislativa de la llamada "ley de tierras". Se proclamó que esa normativa revertiría el preocupante proceso de extranjerización de los recursos naturales denunciado por las organizaciones no gubernamentales, las que proponían el establecimiento de una nueva legislación. Un año y medio más tarde, se difundió el resultado del inventario nacional de tierras rurales: un censo –exigido por la ley– que permite saber con exactitud qué proporción del territorio argentino está en manos de capitales extranjeros.La sorpresa es que sólo el ocho por ciento se encuentra en esa situación, pero el Gobierno nacional, cuando reglamentó la ley, impuso como límite el 15 por ciento, con lo que la cantidad de tierras en manos de propietarios no argentinos perfectamente podría casi duplicarse sin violar la legislación.La Argentina tiene unos 278 millones de hectáreas, de modo que el 15 por ciento representa unos 41 millones de hectáreas. Ello equivale, con escasa diferencia, a la superficie que ocupan las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, en la zona central. O, para dar otro ejemplo, en el norte del país, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja.Aun cuando debiéramos discriminar tierras rurales de urbanas, ya que la ley sólo se refiere –y por lo tanto censa– a las rurales, los dos ejemplos ilustran con claridad el tenor del problema. Los recursos naturales de cinco provincias medianas –casi todo el noroeste del país– o de tres provincias grandes podrían pertenecer a capitales extranjeros, con lo que ello implica en términos de soberanía o de explotación.Recuérdese, por ejemplo, que desde hace unos 15 años, Joe Lewis es recurrentemente denunciado por haber comprado una estancia ubicada entre Bariloche y El Bolsón, ya que la propiedad supuestamente abarca el lago Escondido y, en consecuencia, el propietario se comporta como si le perteneciera: impide el paso de personas y hasta se niega a que se abra un camino entre la actual ruta y la vera del lago.Ahora, a la luz del inventario de tierras, ese propietario, como muchos otros, podría multiplicar sus bienes, si así lo desea, y avanzar, supongamos, hacia la zona cordillerana –donde se encuentran las nacientes de los ríos que atraviesan la región y alimentan los lagos– y, por qué no, llegar hasta los glaciares, a los que otra ley –que tuvo que ser tratada dos veces por el Congreso, porque en la primera oportunidad el gobierno kirchnerista la vetó– también intenta proteger.Una vez más, el oficialismo ha aparentado hacerse cargo de un reclamo social y obrar en consonancia con las demandas para, en realidad, obturar el debate y legitimar la situación denunciada; en este caso, nada menos que la extranjerización de la tierra.