Escándalos y conductas inadmisibles

Los hechos delictivos que involucran a miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba se reiteran de manera escandalosa, ante el desconcierto de los ciudadanos que sufren los efectos nocivos de la inseguridad cotidiana.

A la luz de las crónicas recurrentes, se trata de uniformados que infringen su condición de servidores públicos instruidos y puestos a la tarea de proteger a la población. Estos casos, además, parecen haber sobrepasado la capacidad de control que deben ejercer la máxima jerarquía de la fuerza y sus organismos disciplinarios.

El más reciente episodio de estas características terminó con dos suboficiales presos por haber fraguado pruebas para culpar a un hombre por un robo que nunca cometió. Lo grave de este operativo falaz radica en que el hombre pasó 14 días detenido en el penal de Bouwer, pese a su inocencia probada una vez que se desbarató la maniobra.

Los agentes trataron de convertir un choque entre dos vehículos en barrio Villa El Libertador, de la ciudad de Córdoba, en un intento de robo. Incluso “plantaron” pruebas en el rodado del hombre, que luego sería detenido durante dos semanas.

El ardid fue descubierto por los dichos de un allegado al otro conductor involucrado en el choque (imputado, luego, por falso testimonio en función de lo que había relatado, instigado por los agentes en la unidad judicial ), lo que terminó por desnudar el entramado fraudulento de este episodio.

Conclusión: los suboficiales fueron imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, hurto agravado (robaron la billetera y un teléfono celular a la víctima), falso testimonio e instigación al falso testimonio.

Las intenciones de estos personajes se dan en un contexto de graves irregularidades en la Policía en lo que concierne a la transparencia y la idoneidad de algunos de sus integrantes, lo cual corroe la buena conducta y el profesionalismo de miles de uniformados honestos.

En el lejano agosto de 2016, el jefe de la Policía de Córdoba, Gustavo Vélez, ya había admitido su preocupación por los delitos cometidos por agentes.

Fue en respuesta al escándalo que culminó con dos suboficiales sancionados por haberse quedado con 10 cajas de ravioles que habían secuestrado a dos jóvenes en un control callejero.

Entonces, Vélez prometió que los malos policías serían echados, aunque parece no haber alcanzado la meta de neutralizar y erradicar las prácticas delictivas de uniformados que siguen enlodando a toda la institución.

La sociedad no sólo reclama por la protección frente al delito, sino también por la honorabilidad de los policías.