El grotesco olvido de Córdoba

Cristina Fernández llegó a la Presidencia prometiendo mayor inclusión social y respeto a las instituciones y al federalismo, promesas que poco cumplió, más allá de la reiterada propaganda oficial. No se alienta la inclusión cuando en los últimos años la inflación destroza la capacidad de inserción social de millones de argentinos. Tampoco es real el respeto a las instituciones cuando, bajo leyes enunciadas con objetivos generales, se esconde la intención de controlar la Justicia y los medios de comunicación independientes. El proclamado federalismo –del que hizo gala cuando se desempeñó como legisladora nacional y en la Convención Constituyente de 1994– quedó hecho trizas con cientos de decisiones tomadas desde 2007. La relación equilibrada entre las provincias y el puerto, por la que lucharon nuestros antepasados en la conformación del país, es una ilusión comparada con el sometimiento de los 24 distritos a los arbitrios del poder central. Ese centralismo se trasluce, por ejemplo, cuando la mayoría que responde a los dictados de la Presidenta aprueba un Presupuesto para 2015 que incluye millonarios subsidios a prestaciones que sólo se realizan en la ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano metropolitano, se financia el déficit multimillonario de empresas cuyas prestaciones se localizan en esas áreas o se aprueban partidas para obras públicas que benefician a provincias kirchneristas.Bien vale poner énfasis en la postergación que sufre la provincia de Córdoba, no incluida en la refinanciación de deudas, lo que la obligó a pagar durante este año unos 490 millones de pesos. Un trato similar recibe la provincia de Buenos Aires, con el objetivo implícito de contener las aspiraciones políticas de su gobernador.La exclusión de Córdoba se vincula con la demanda por el no subsidio al déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, pese a que esta provincia cede el 15 por ciento de la masa coparticipable bruta de impuestos nacionales para esa finalidad. Como la Provincia planteó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, la administración nacional exige que renuncie a ese planteo para sumarla a ese beneficio.La discriminación es superlativa en cuanto a obras públicas, pese a las proclamas de los legisladores kirchneristas, quienes ni siquiera lograron que se mejoren las rutas de las ciudades de las que son originarios. Las autovías Córdoba-San Francisco y Córdoba-Río Cuarto se construyen con fondos del Tesoro provincial.La promesa de liberar el crédito con el banco brasileño Bndes para financiar la construcción de los gasoductos troncales no pasó de un gesto para lograr que los legisladores delasotistas dieran cuórum en la sanción de la Ley de Abastecimiento. La resolución oficial nunca se firmó.La tradición federal y el aporte humano y económico de Córdoba al crecimiento del país no merecen este inédito grotesco criollo recreado por la administración central.