El camino de la ilegalidad

Pese a haber perdido las elecciones legislativas del año pasado, en las que fue superado en ambas cámaras del Congreso por los partidos opositores, el Gobierno nacional y el partido oficialista continúan a marcha forzada en su campaña contra la prensa y los medios de comunicación independientes, en la convicción –por cierto equivocada– de que aquella derrota se debió a la prédica de los medios y no a sus propios errores, sus fracasos, su soberbia y su incomprensión de la realidad argentina. Esto es lo grave: atribuir una derrota electoral a una "operación mediática". Todo comenzó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desoyó y rechazó la propuesta que le había hecho la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias, en el sentido de derogar el proyecto de las retenciones móviles a las exportaciones, volver a las alícuotas anteriores y abrir un período de debate –intersectorial e interpartidario– para definir una nueva política para el campo. Si se hubiera seguido ese camino, tal vez las cosas habrían sido distintas.Pero el Gobierno siguió el camino inverso y se lanzó a una ofensiva general contra los medios, primero a través de una ley aprobada por el Congreso anterior, en el que tenía mayoría. Después, con una denuncia judicial y otra parlamentaria contra los accionistas mayoritarios de Papel Prensa SA y luego con la anulación de la fusión de las empresas Cablevisión y Multicanal, y la caducidad de la licencia de Fibertel.También presionó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que rompiera el contrato para la transmisión televisiva de los partidos y lleva ya más de 1.400 millones de pesos gastados en el programa Fútbol para Todos. La semana pasada modificó por decreto la grilla de los canales de noticias en la televisión por cable para favorecer a medios y grupos afines, y finalmente adoptó una decisión insólita: que los diarios y revistas sólo pueden ser vendidos por canillitas o quioscos habilitados para tal fin, con lo cual, con la excusa de terminar con la concentración de los mercados, se anularon en este caso las vías alternativas de acceso a prensa diaria que se utilizan en el mundo entero.Como contrapartida, dos comisiones de la Cámara de Diputados votaron por mayoría un proyecto que regula y pone límites a la distribución arbitraria de la publicidad oficial en los medios, con el objeto de tender a un mayor equilibrio. Y el Senado aprobó en general y por unanimidad el proyecto de ley que garantiza el acceso a la información en los tres poderes públicos.Éste es el camino correcto: el del consenso y el funcionamiento regular de las instituciones. Gobernar por decretos en busca de claros objetivos políticos que intentan destruir la opinión de medios independientes, además de ser un signo de autoritarismo, puede llevar al país fuera de la legalidad y del orden constitucional.