Confusión de roles

La Justicia federal avanzó en los últimos días en la investigación sobre los bienes patrimoniales de la presidenta Cristina Fernández. Las actuaciones se concentraron en el manejo de los tres establecimientos hoteleros que pertenecen a la jefa del Estado y a sus hijos Máximo y Florencia, bajo el control accionario de la firma Hotesur SA. Las primeras reacciones se produjeron cuando el juez federal Claudio Bonadio detectó irregularidades en los últimos balances de la mencionada firma, la no observancia de las asambleas que exige la Ley de Sociedades Anónimas y hasta la consignación de un domicilio fiscal falso.Este hecho determinó una fuerte ofensiva política contra el juez, quien recibió todo tipo de acusaciones, al tiempo que medios oficiales y paraoficiales recordaban las nueve denuncias contra él ante el Consejo de la Magistratura.Esas presentaciones no prosperaron porque, en su momento, el kirchnerismo decidió desactivarlas. Ahora, pretende la destitución del juez o al menos que acumule tres sanciones disciplinarias para lograr su descabezamiento por simple mayoría de votos en el mencionado organismo. Bonadio ya recibió una amonestación por un error en la tramitación de un expediente.Pero no es sólo este magistrado el que ordenó investigar el crecimiento patrimonial de la familia presidencial, sino que –a través de distintos fiscales y jueces– se pretende establecer si el empresario santacruceño Lázaro Báez incurrió en el delito de lavado de dinero, para lo cual habría usado los establecimientos de Hotesur SA.La última reacción desmedida del oficialismo se produjo cuando la Justicia puso bajo la lupa la actuación de Máximo Kirchner como administrador de los mencionados bienes. Llama la atención que políticos y legisladores del Frente para la Victoria, quienes deberían dar una muestra de respeto a las investigaciones judiciales y, eventualmente, colaborar en esas tareas, sean los más interesados en que tales actos se detengan porque –argumentan equivocadamente– "se menoscaba la investidura presidencial".El jefe del Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, llegó a la inexplicable actitud de justificar que se hayan usado medios de comunicación del Estado argentino –como la agencia oficial de noticias Télam– o de la Presidencia –como la cuenta oficial en la red social Twitter– para exculpar a Máximo Kirchner de presuntos delitos. "Es lo que corresponde", dijo Capitanich, en una clara confusión del rol del Estado con los negocios privados de la familia presidencial.Su expresión no fue la única, ya que a ella se agregó un coro de críticos a la tarea judicial que está mostrando a la sociedad que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que deben ser investigados si existe una violación de las normas comerciales y penales.Tampoco se han pronunciado sobre esta confusión de roles y la colonización del Estado por parte de una agrupación partidaria quienes pretenden investigar, precisamente, lo que habría sucedido en el pasado reciente y sobre el cual se lanzan acusaciones incomprobables.Un país con sueños de grandeza sólo podrá ser tal si existe una clara división de los poderes que consagra la Constitución Nacional, la cual juraron respetar tanto funcionarios como legisladores.