Tráfico de bienes culturales: Una historia antigua sin fin

No sería exagerado pensar que gran parte de la historia del hombre está basada en la apropiación y la posesión. En el sentido más estricto, comenzando por las luchas territoriales hasta los robos de piezas y diferentes objetos que hasta el día de hoy naciones ya conformadas reclaman la devolución. Se trata de instrumentos, herramientas e incluso restos antropológicos que definen su identidad como pueblo.

Tal vez porque la posesión de los objetos nos resulte simplemente irresistible en cuanto nos define o nos empodera, tal vez porque necesitamos forjar un sentido de trascendencia, lo cierto es que el racconto de hechos de robos de bienes culturales podría ser infinito.

En el año 2003, en nuestro país, fue creado el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y su réplica en Córdoba fue en el año 2010 (por decreto 1.523). Sus objetivos fueron/son tan ambiciosos como abarcativos y con ello, lógicamente, complejos de llevar a cabo. “Difundir, concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de proteger los bienes culturales que conforman el patrimonio cordobés”, por ejemplo, podría ser un objetivo sin meta.

El tráfico ilícito de bienes culturales es un fenómeno complejo, en el cual en la gran mayoría de los casos las piezas robadas ya tienen un destinatario, o por lo menos un círculo muy delimitado de interesados, con lo cual los objetos pasan a manos de particulares, “desapareciendo sin rastro”.

En su artículo 3, el decreto 1.523 indica que una de las funciones del comité es elaborar una “Lista Roja de Córdoba” que incluya los bienes culturales en peligro de tráfico ilícito. En una ecuación simple resulta claro que los bienes culturales que conforman el patrimonio cordobés –o su gran mayoría– están justamente en manos del propio Estado (si dejamos fuera del cálculo a los bienes pertenecientes a la Iglesia).

Sólo pensar en ello, y reconocer que todavía tenemos instituciones que, por falta de presupuesto o por falta de personal capacitado, no cuentan con un correcto registro de sus bienes, nos da un indicio de cuál es la situación que estamos atravesando. No en vano el decreto de creación termina hablando más de capacitación, participación e instrucción que de medidas de restricción o prohibición de acciones sobre los bienes (¿cómo podemos proteger nuestros bienes si no terminamos de conocer cuáles y cuántos son?).

Como en la frase “Sin clientes no hay trata”, el robo de bienes culturales seguirá acumulando casos y causas en grandes y cómodos cajones de escritorios mientras la legislación no acompañe o no sea aplicada en su totalidad.