Una asignatura pendiente
Por Cristina Azocar. Presidenta del Foro del Derecho al Trabajo
La vertiginosa dinámica de la vida institucional argentina quiso que, casi al mismo tiempo en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegaba el derecho a la sindicalización a las fuerzas de seguridad, estallara un conflicto con alcances de gravedad institucional. Miembros de la Policía Bonaerense, con reclamos por salarios y condiciones de trabajo se manifestaron en varios lugares uniformados y armados.
Desde el plano estrictamente jurídico, la garantía de la libertad sindical reconocida en nuestro país para la generalidad de los trabajadores excluye a las fuerzas de seguridad. Esta prohibición responde a una razón objetiva, basada en la “categoría profesional”, ya que se considera que tal limitante contribuye a fortalecer los valores constitucionales de disciplina, sujeción jerárquica y unidad interna, tal como surge de las interpretaciones que ha realizado la Corte Suprema y a nivel provincial el Tribunal Superior de Justicia.
Sin perjuicio de ello, los dramáticos hechos vividos en Buenos Aires, como así también los que acaecieron en 2013 en Córdoba, nos obligan a repensar seriamente la conveniencia de mantener una postura tan rígida, o si es posible alguna alternativa superadora que pueda sintetizar posturas.
En el mundo coexisten regímenes normativos que reconocen y reglamentan el derecho de sindicación de las fuerzas armadas y personal de seguridad, con otros que prohíben totalmente su ejercicio. En ambos casos no se violan ni quebrantan las normas de convenios y pactos internacionales que legislan al respecto, puesto que la Organización Internacional del Trabajo no se ha pronunciado de manera definitiva sobre el punto, sino que da plena libertad a los países miembros para regular.
Los conflictos policiales citados ponen en evidencia la existencia de un colectivo de trabajadores –funcionarios públicos– que no cuentan con un medio eficiente para ser escuchados ni atendidos en sus reclamos. Por cierto, tal situación resulta incompatible con el Estado de derecho y crea las condiciones para que la presión que genera la frustración de no poder ser visibilizados estalle en conflictos de inusitada violencia. Se suma que el estallido carecía de interlocutores reconocidos y de una posibilidad jurídica de negociación colectiva, lo cual dificulta la solución del conflicto.
Por ello, es imperioso que el Estado conciba un mecanismo idóneo para que se canalicen estos reclamos, con interlocutores legitimados por los propios trabajadores, sin afectar la cadena de mandos orgánicos y por medios institucionales.
Las particulares condiciones de los miembros de las fuerzas de seguridad los distingue obviamente del resto de los trabajadores. Sin embargo, esa condición no es suficiente como para que les sea desconocido de manera absoluta el goce de un derecho constitucionalmente reconocido.
Resulta entonces necesario un cambio democratizador, que reconozca y visibilice a las personas que integran las fuerzas de seguridad para que puedan actuar en defensa de sus legítimos derechos en relación con la prestación de sus funciones. Debe dotarse de las herramientas idóneas al reclamo y al acuerdo, con una reglamentación del ejercicio del derecho a sindicalizarse que guarde un adecuado equilibrio con la paz social y la seguridad ciudadana, en el marco de las instituciones democráticas.
Otras alternativas superadoras
Por Jorge Javier Cabral, Comandante General retirado GNA
En los últimos años la sociedad argentina padeció las consecuencias de una serie de conflictos internos en las Fuerzas de Seguridad y Policiales, producto de las necesidades insatisfechas de su personal.
Las señales más preocupantes, por lo menos en los levantamientos más relevantes de los últimos años, fueron la falta de representatividad de los uniformados, la inobservancia política de los descontentos previos a esos movimientos y, lo más grave, el incumplimiento de las funciones de seguridad que se le debe constitucionalmente a la sociedad.
En el último conflicto policial en Buenos Aires quedó en evidencia la dificultad de no contar con interlocutores válidos que permitan iniciar negociaciones. También fue evidente la incapacidad gubernamental para percibir oportunamente la esencia del reclamo, al que luego debió reconocer legitimidad. En 2013 la sociedad cordobesa sufrió los saqueos ante la inacción policial que protagonizó el recordado amotinamiento.
Hay proyectos de sindicalización policial que fracasaron en instancias administrativas y/o judiciales. La raíz del fracaso fue que las fuerzas de seguridad se basan en el verticalismo y en la disciplina. Además, técnicamente los uniformados no son trabajadores de una empresa, sino que cumplen con un servicio esencial y son servidores públicos (capacitados, armados y equipados por el Estado). Como tales deben cumplir y hacer cumplir la ley en beneficio de la seguridad de la sociedad, en defensa de la democracia y, en consecuencia, no pueden gozar del derecho a huelga del trabajador sindicalizado.
Los ejemplos de cuerpos policiales eficaces y que se encuentran sindicalizados en otros países (Estados Unidos, Inglaterra, España o Uruguay) no pueden constituir una receta que resulte exitosa en Argentina, porque nuestra realidad es muy distinta.
La situación continúa latente: los uniformados siguen con requerimientos y el gobierno de turno colocando parches de emergencia. El crimen organizado y la delincuencia común incrementan sus ventajas con respecto al cada vez más débil accionar policial. La Justicia, muchas veces garantista en demasía, deja mas desprotegido al uniformado, que se debate en el desigual enfrentamiento a la delincuencia, actuando a veces en escenarios ajenos a su formación.
Esta realidad obliga a reflexionar si en Argentina la sindicalización de los cuerpos de seguridad y policiales contribuiría a la solución de los problemas existentes.
Es una simplificación presentar el debate en términos binarios de sí o no a la sindicalización. Las propuestas de solución tendrían que considerar en primer término el estatus particular de los efectivos policiales y de seguridad. Desde este punto de partida surgirán alternativas enriquecedoras que podrían ser superadoras al planteamiento de la sindicalización.
El Ministerio de Seguridad de la Nación y los de las provincias poseen estructuras potencialmente aptas para ocuparse de dichas cuestiones: salarios, logísticas, condiciones laborales. Una alternativa sería reforzar los mecanismos de comunicación hacia adentro y hacia afuera de las instituciones para realizar periódicos diagnósticos y que establezcan las condiciones de intercambio de información a los fines de elevar y gestionar ante el Poder Ejecutivo, vía ministerial, la solución a sus necesidades de funcionamiento.
