En sentido único

Cuando a fines de 2009 se creó el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat), se fijó como uno de los objetivos primordiales de la normativa “promover la seguridad en las calles y rutas” cordobesas y profundizar, a través de un registro de antecedentes, los controles sobre aquellos automovilistas con recurrente desapego al cumplimiento de las reglas viales. Nada más auspicioso para modificar un escenario de espanto, en el cual los muertos en siniestros viales se cuentan por centenares.

Sin embargo, el sistema se ha visto enredado por estos días en una polémica entre el Gobierno de la Provincia y algunos municipios del Gran Córdoba, que pusieron el grito en el cielo por la prohibición que regirá de entregar licencias a automovilistas que no acrediten su residencia en jurisdicción del ente emisor.

Se trata de disciplinar una vieja práctica. No es novedoso que muchos automovilistas que viven en la Capital de la provincia optan por gestionar el carné en otro distrito, una modalidad que quedará fuera de la reglamentación una vez que la Municipalidad de la ciudad de Córdoba esté integrada plenamente al Repat, en unos 60 días.

Por caso, el intendente de Mendiolaza admitió que el 80 por ciento de los permisos que se gestionan en esa localidad corresponde a residentes de Capital. Vale apuntar que se trata de licencias de alcance provincial, aunque a veces a salvo de los protocolos de seguridad y controles que registra la Policía Caminera, incluida la quita de puntos a los malos conductores crónicos.

En medio de esta controversia, asoma una cuestión de neto corte monetario, ya que los municipios aducen que perderían una jugosa recaudación anual por la merma en la emisión de las licencias de conducir. Más allá de los intereses económicos, habría que buscar una línea de equilibrio entre las partes interesadas, pero siempre asignando prioridad a la necesidad de prevenir los siniestros de tránsito.

En este sentido, ningún organismo oficial tendría que emitir un carné sin un riguroso examen de capacitación previo y sin conocer la situación del solicitante en los registros de antecedentes de la Policía Caminera. No es un dato menor que haya 20 mil conductores inhabilitados en todo el territorio provincial. Asimismo, la Municipalidad de Córdoba deberá garantizar a los vecinos de la Capital que podrán cumplir el trámite sin demoras ni trabas, muchas veces justificadas en absurdas “caídas del sistema” que encubren permanentes reclamos gremiales.

Si bien los siniestros en las rutas y calles se originan por varias razones, se ha probado que en la mayoría de los casos obedecen a la irresponsabilidad de los conductores, que desconocen o violan las normas de tránsito. Corregir este mal endémico tiene una fuerte ligazón con la acreditación legal de las personas que van a manejar un vehículo. Una responsabilidad que va más allá de una puja por determinar quién está o no habilitado para emitir una licencia de conducir.