Pidieron preventiva a presunto jefe de asociación ilícita

El único taxista que permanece detenido en la causa por presuntas irregularidades en la parada del Aeropuerto Ambrosio Taravella sufrió ayer el pedido de prisión preventiva por parte del fiscal instructor. Francisco Martín Dómina es considerado por Carlos Matheu como jefe de la asociación ilícita que involucra a otros 10 trabajadores del volante que en algunos casos también estuvieron privados de la libertad. Matheu, titular de la Fiscalía de Distrito III, Turno 6, considera que en torno a Dómina se acumulan elementos de convicción suficientes respecto de los hechos que se le imputan: asociación ilícita y coacción en concurso real. Según el fiscal, los hechos han existido y fueron cometidos por el acusado. Además, solicitó la prisión preventiva porque la escala penal sugiere que es pasible de privación de libertad efectiva y porque existe riesgo procesal.Ahora la causa sigue su curso para completar la investigación. Si se afianza la hipótesis del instructor, podría ser elevada a juicio. El expediente, con dos meses de investigación a partir del informe del programa de televisión ADN , acumula ya cuatro cuerpos.Es de esperar que la defensa de Dómina recurra la decisión de Matheu y solicite la actuación del juez de Control, en este caso Agustín Spina Gómez. Su última intervención confirmó in totum lo actuado por Matheu y motivó el sostenimiento de la prisión de siete taxistas que luego salieron libres por fianza. En su resolución, el magistrado puso énfasis en la peligrosidad procesal de estos miembros de la Asociación de Taxistas del Aeropuerto Córdoba (Atac) por presuntas amenazas a testigos. Además de Francisco Martín Dómina, están imputados Fernando René Caudana, José Alberto Ceballos, Mario Alberto Charras, Miguel Ángel Contreras, Mauricio Abel Dómina (hermano de Francisco), Juan Ramón Saavedra, Luis Daniel Pioletti (alias "Viti"), Sergio Tapia (alias "la Chancha"), Diego Javier Alcorta y Juan Alfonso Barrera."Habrían incurrido en conductas intimidatorias determinantes de temor tanto en las víctimas como en otras personas vinculadas con su ámbito de actuación, idóneas para inhibirles de expresarse diciendo todo lo que saben y de los sucesos, por la existencia de 'códigos de silencio'", sostuvo oportunamente Spina Gómez, quien más adelante agregó que esos testigos pueden convertirse "en blancos fáciles de las agresiones personales y daños anunciados". Por otra parte, está pendiente de resolución un pedido de recusación del fiscal Matheu.