Una Justicia demasiado ciega
Eligieron como primer candidato a juez de Paz a un hombre que registra antecedentes penales. En otro caso, la persona seleccionada ya contaba con un trabajo en el Estado. El nuevo sistema de elección sigue teniendo grietas importantes.
El Poder Judicial, quizá el menos conocido, el más opaco, el menos entendido de la triada de poderes que integran el Estado, tiene zonas más iluminadas y expuestas que otras; algunas más reconocibles; otras, ignoradas.
Estas diferencias asumen su mayor evidencia cuando se habla del Poder Judicial que no se desenvuelve en los palacios tribunalicios de las grandes ciudades y que pocas veces se convierte en tema principal de los noticieros.
Es el caso de la llamada Justicia de Paz, la que tiene jueces que en su gran mayoría jamás pasaron por las aulas de una facultad de Derecho, que trabajan en despachos que nadie se atrevería a calificar de palaciegos y que está encargada de atender a miles de habitantes de zonas generalmente rurales, en los pueblos más alejados de las capitales.
Problemas por violencia familiar, certificaciones de firmas, disputas por campos y colaboraciones en allanamientos y embargos son algunas de las tareas de las que tienen que hacerse cargo.
En la provincia, los jueces de Paz estuvieron históricamente relegados a habitar el patio trasero del Poder Judicial. En realidad, se los consideraba más una presa del botín político de cada gobernador: el que ganaba las elecciones colocaba a los jueces que le sugerían sus amigos y punteros de cada zona, muchas veces como pago por labores realizadas en las campañas electorales (ver Infografía).
Eduardo Angeloz (UCR) y José Manuel de la Sota (PJ) fueron los gobernadores que mayor discrecionalidad aplicaron en el tema desde la recuperación de la democracia: designaron como jueces de Paz a cientos de militantes de sus partidos, muchos de los cuales no exhibían otra capacidad para el cargo que su militancia partidaria.
Luego de que se acumularan numerosas denuncias periodísticas por hechos delictivos cometidos por algunos jueces de Paz y después de que varios de ellos fueran destituidos o renunciaran, en 2007 la provincia de Córdoba decidió darse una ley para jerarquizarlos.
Se creó una Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, integrada por un representante del Ministerio de Justicia, uno del Tribunal Superior de Justicia, otro de la Fiscalía General y tres legisladores.
Un año después comenzaron los concursos para cubrir los juzgados vacantes y ya van cuatro años de selecciones, aunque todavía, a seis años de la aprobación de la ley, la provincia no cuente ni con la mitad de sus jueces de Paz elegidos bajo el nuevo sistema.
Igual, el cambio no se produce sin ruidos. Aunque nadie duda de que el actual mecanismo cuenta con los recursos y controles para ser más transparente, todavía se continúan acumulando denuncias y acusaciones cruzadas sobre los favoritismos políticos y las graves deficiencias en el trabajo de selección que hace la Junta.
Reclamos tardíos. Uno de los casos más polémicos tuvo como escenario la localidad de José de la Quintana, a unos 60 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba, en el departamento Santa María. La Junta de Calificación eligió como mejor candidato a juez de Paz del lugar a un hombre que, además de poseer aceitados contactos políticos con las autoridades políticas de la zona, tenía graves antecedentes penales.
El concurso para el juzgado de Paz de José de la Quintana fue de los primeros en convocarse, en 2008, pero recién se pudo concretar a fines de 2012. Según contó una de las postulantes, “el concurso estaba claramente digitado para que lo ganara quien finalmente lo ganó. Antes de que se dieran los resultados oficiales, en el pueblo ya todos daban por hecha la elección del candidato oficial. La entrevista personal que nos hizo la Junta fue muy pobre, casi un trámite”.
El problema fue que cuando la Junta dio a conocer el orden de mérito y colocó en primer lugar a Gustavo Javier Pettina, se supo que esta persona tenía una orden de exclusión del hogar por episodios de violencia familiar y además una infracción a sus deberes de asistencia familiar, según consta en una fiscalía de Alta Gracia.
Lo más llamativo es que la Junta debe exigirles a todos los candidatos a jueces de Paz que presenten un certificado de antecedentes penales. ¿Qué pasó? ¿Los favoritos gozan de privilegios? ¿La Junta fue engañada?
El caso no habría trascendido y Pettina ya sería juez de Paz si no fuera por las quejas de los otros postulantes.
Uno de ellos, Ivana Elina Fedelli Depetris, segunda en el orden de mérito, comenzó una peregrinación por todas las reparticiones públicas involucradas en la elección de los jueces de Paz tratando de que corrigieran semejante desprolijidad. Nunca consiguió una respuesta ni de parte de la Junta, ni de la Legislatura ni del Tribunal Superior.
Otro caso tuvo por escenario la localidad de Berrotarán. Allí, el concurso finalizado a fines de 2010 se resolvió a favor de Gustavo Sergio Scandizzi, pese a que hace más de 11 años cobra otro sueldo del Estado provincial, en su calidad de secretario del instituto educativo de nivel medio y superior Berrotarán.
Esta circunstancia tampoco habría sido informada a la Junta, según le informaron a la mujer que salió segunda en el orden de mérito, Graciela López.
López dice que cuando se enteró de esa situación en 2011 comenzó un reclamo ante las autoridades, sin conseguir respuesta. Scandizzi y Pettina no pudieron ser ubicados para que dieran sus puntos de vista.
Semitransparencia. Este diario intentó contactarse con los organismos que participan en la selección de los jueces. El Ministerio de Justicia directamente no respondió la consulta. La Junta, que es el organismo que más apertura debería tener para mostrar la transparencia de sus procesos, no da información y deriva las consultas al resto de las autoridades. Eso fue lo que hizo su encargada, la prosecretaria Vilma Contreras cuando este diario la llamó.
La Junta no facilita información ni seguimiento de los concursos por Internet, no hay registro fílmico de las entrevistas personales, no existe la posibilidad de que cada postulante vea los antecedentes de los demás candidatos para tener posibilidad de cuestionarlos.
La transparencia es muy limitada y de ninguna manera garantiza que, al final, no terminen siendo elegidos los candidatos marcados a dedo por los amigos de la política. Tal como ocurría con el viejo y corrupto sistema.
El Tribunal Superior respondió, sobre los dos casos mencionados, que el 22 de marzo pasado su representante ante la Junta, Gustavo Porcel de Peralta, informó al legislador Juan Manuel Cid (Unión por Córdoba) sobre los antecedentes penales de quien ganó en José de la Quintana. Pero no se sabe todavía cómo continuará ese concurso.
Respecto del caso de Berrotarán, lo que ha ocurrido es más sorpresivo: el Tribunal Superior emitió una resolución el 5 de marzo del año pasado para que el juez de Paz optara por uno de los dos cargos, cosa que hasta ahora no sucedió, ya que sigue siendo juez de Paz y administrativo escolar y cobrando dos sueldos estatales, pese a que la Constitución de Córdoba prohíbe esa situación.
Scandizzi respondió con una comunicación de una inspectora escolar en la que dice que integra la planta docente del instituto, por lo cual ingresaría en una de las excepciones que permite la Constitución. Pero los acuerdos reglamentarios del Tribunal Superior no dejan dudas al respecto: los jueces de Paz no pueden trabajar en otra ocupación estatal más de 15 horas semanales y siempre y cuando se trate de docencia, no de cargos administrativos.
Mientras estos casos continúan sin resolución, en la Legislatura están comenzado a ver con atención otros concursos, ya resueltos, en los que terminaron elegidos hijos y sobrinos de intendentes y exempleados legislativos de conocidos dirigentes políticos.
La ceguera atribuida a la Justicia que le impide hacer diferencias entre las personas a la hora de tomar sus decisiones se considera una virtud. En este caso, la ceguera parece ser demasiada.
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