El aborto y la ley

Posturas irreconciliables continúan agitando el debate sobre el aborto, un tema de extrema sensibilidad social que en la provincia de Córdoba amaga con dirimirse en la más alta instancia judicial del país, como es la Corte Suprema de Justicia.

La polémica se ventila entre los sectores que se oponen de manera tajante a la interrupción del embarazo y organizaciones que se amparan en el Código Penal y en un fallo de la Corte que determinó la no punibilidad del aborto en casos de violación o en mujeres cuya gestación ponga en riesgo su vida o su salud.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba había elaborado la “Guía de abortos no punibles”, con la finalidad de asistir a mujeres en casos de embarazos producto de violaciones, pero ese protocolo fue objetado judicialmente por la asociación civil Portal de Belén, ligada a la Iglesia Católica.

Como informó este diario, esa apelación sigue empantanada en un juzgado Civil y Comercial al cabo de un año de haber sido presentada y, por esa razón, la mencionada guía no se aplica en los hospitales públicos de la Provincia. Sin embargo, se sabe que algunas víctimas de violaciones recurren a la maternidad dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ya que no se ven comprendidas por la medida cautelar en el ámbito de los Tribunales locales.

Más allá de las posiciones enfrentadas y las razones que esgrimen las partes en conflicto, por estos días, la Justicia aparece como la principal responsable de no dilatar un dictamen que ponga claridad no sólo sobre la medida cautelar, sino también sobre la cuestión de fondo.

Es preciso apuntar que ni la burocracia judicial ni los intereses morales y sociales en juego han colaborado mucho en la necesidad de erradicar la vieja práctica del aborto inducido de manera clandestina, con el riesgo que ello implica para la salud de las mujeres que acuden a esas cuevas atendidas por profesionales de dudosa capacidad.

En última instancia, las partes tendrán que ajustarse a lo que dictaminen la Justicia y los códigos vigentes, aun cuando haya que recurrir a los más altos estamentos jurídicos nacionales e internacionales.

“La mujeres de todas las edades y de todos los sectores sociales recurren a esta práctica (abortiva) en la clandestinidad para poder hacer efectivo un derecho como es el de decidir no querer ser madre o evitar un embarazo no deseado”, afirmó Alejandra Domínguez, del Programa de Género de la UNC. Su opinión es contrarrestada por los grupos que dignifican la “vida desde la concepción”.

El cumplimiento de la ley aparece como el único instrumento para zanjar una controversia que no debe apartarse de los caminos de la seriedad y la prudencia.