Una voz en el teléfono

El gobernador Juan Schiaretti se esforzó en afirmar que no fue consultado. Intentó no lastimar la sensible epidermis de la paciencia de los Kirchner. Pero, en realidad, hubo varios llamados desde la Casa Rosada para convencerlo de que engrosara la lista de 17 mandatarios oficialistas que pusieron el gancho en una fuerte solicitada en contra del vicepresidente Julio Cobos y de la oposición que fogonean cambios en la ley del impuesto al cheque.

Detrás del discurso conciliatorio que expuso ayer la presidenta Cristina Fernández en la localidad de Porteña, los K no se bajan de su férrea estrategia de enfrentarse con todos aquellos que no piensan como ellos.

Schiaretti volvió a sentir ayer el amargo sabor del descontento K. Trato frío y distante de parte de la Presidenta. Los Kirchner no admiten los grises: se está con ellos o en contra de ellos. La cambiante postura del gobernador los desorienta y suele sacarlos de las casillas.

En la Casa de las Tejas intuyen que esa distancia en el trato personal que ayer mostró la jefa de Estado, más temprano que tarde se traducirá en castigos concretos, como retener partidas de fondos a la Provincia.

Cuando lo invitaron a firmar la solicitada, Schiaretti pidió leer el texto. Las fuertes críticas a la oposición, y en especial a Cobos, lo impulsaron a negarse a participar. "Parece que están (los Kirchner) empeñados en poner a Cobos en la Rosada. Cuando más le pegan, más crece en las encuestas", aseguró un legislador provincial que tiene diálogo permanente con Schiaretti.

El gobernador trata de esquivar ser partícipe los embates del oficialismo hacia la oposición. Pero, por otro lado, se muestra permeable y manda señales de acercamiento. Las endebles finanzas provinciales no permiten gestos de independencia.

De allí, que en los últimos días, Schiaretti insistió con su propuesta de que si se aprueba la reforma a la ley del impuesto al cheque, los recursos "extras" que llegarían a las provincias se utilicen para cancelar deudas con la Nación.

De este modo, los recursos se girarían de manera automática a las provincias y los gobernadores no tendrían que peregrinar a la Rosada para negociar el Programa de Asistencia Financiera (PAF), que no es otra cosa que refinanciar deudas.

Los Kirchner tomaron con más desdén que atención esta propuesta. La dependencia, es el capítulo más leído de su manual de utilización de las herramientas del poder. Están dispuestos a pagar el costo político de vetar la nueva norma, con tal de no perder un elemento de presión hacia los gobernadores.