Sin apoyo, Juncos renunció al cargo en Derechos Humanos

A Liliana Juncos, la dirigente peronista de la seccional 5ª de la ciudad de Córdoba, quien por tercera vez en los últimos años fue relacionada con el narcotráfico, no le quedó otro remedio que renunciar al cargo que le habían dado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia que conduce el schiarettista Raúl Sánchez.

El manejo de la Subdirección de Jurisdicción de Programas Especiales le había sido concedido hace más de un año por el gobernador Juan Schiaretti y por su esposa Alejandra Vigo, "en reconocimiento a su militancia y para darle una mano", confió un dirigente de Unión por Córdoba.

La misma fuente indicó que por entonces Juncos "no estaba pasando un buen momento económico y tampoco político", ya que había quedado mal parada en el PJ luego de que su sector perdiera dos internas consecutivas en su territorio, en 2004 y en 2007.

A esto se había sumado lo que hoy Juncos denomina su "mochila de plomo", es decir, las acusaciones en su contra que cada tanto surgen de vecinos, a veces de la política y también de ámbitos más oscuros que le recuerdan un antecedente que ella adjudica a "un error de juventud".

Hace más de 20 años, Juncos fue detenida como consecuencia de un procedimiento antidroga realizado en la casa de María Ramona Reyna, conocida como "la Gorda Kika", quien todavía está en prisión por delitos federales.

Pasado y presente. Aquel antecedente, el registro prontuarial de algunos de sus familiares y otros episodios y denuncias informales marcaron la carrera política de Juncos, quien llegó a ejercer la vicepresidencia del bloque de Unión por Córdoba cuando José Manuel de la Sota era gobernador y la bancada oficialista era conducida por el hoy ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Massei.

Ayer, en diálogo con este diario, Juncos dijo que no tenía "nada que ver" con las intimidaciones que recibieron un periodista de este diario y del programa de televisión ADN, que están siendo investigadas por el fiscal de Instrucción Raúl Garzón. A propósito, ayer se pronunció el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) para repudiar las intimidaciones y las amenazas y para exigir el esclarecimiento (ver Repudio...).

Los argumentos de Juncos. "Estoy cansada de que me acusen sin pruebas", afirmó la dirigente que negó tener relación con el narcotráfico. "Yo les pido a los vecinos que me acusan que, si tienen pruebas, se presenten ante la Justicia, pero nunca lo hacen y prefieren ensuciarme a través de los medios".

Consultada sobre los motivos de su renuncia, afirmó: "Presenté la renuncia al cargo para no perjudicar a mi gobierno, y para ponerme, otra vez, a disposición de la Justicia".

En diciembre de 2008, ante un episodio similar, Juncos había pedido licencia sin goce de sueldo hasta que se aclarara la cuestión. Como no hubo avances judiciales que la comprometieran, en febrero pasado Juncos volvió al cargo en la Secretaría de Derechos Humanos. Pero el domingo último fue nuevamente relacionada con un caso de narcotráfico y en el Gobierno provincial nadie salió a respaldarla. Esto, a pesar de que, como la propia Juncos reconoció ayer, ha forjado una "muy buena relación" con Vigo, desde que ambas compartieron bancas en la Unicameral. "Todo lo que logré en política, incluso este cargo, es por mi militancia", señaló.

Volvió Darío OlmoEl Gobierno provincial confirmó que Darío Olmo, miembro fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense, volvió a asumir como subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, cargo al que había renunciado por cuestiones personales un año atrás.