Por un juicio millonario, denuncian a cinco magistrados

En una derivación con pocos antecedentes conocidos en la provincia, la quiebra de una empresa, ocurrida hace años, acaba de derivar en el pedido de un jury de enjuiciamiento contra tres camaristas de la Justicia provincial y el pedido de juicio político contra dos de los magistrados del Tribunal Superior de Córdoba.

Aldo Enerio Pereyra es un empresario santiagueño del rubro de la construcción cuya empresa era contratista de una firma que fue a quiebra y que era, a su vez, accionista minoritaria de dos concesionarias de peaje.

Ahora, Pereyra y su apoderado legal, José Moyano Nores, pidieron que se abran tres jurys de enjuiciamiento y dos pedidos de juicio político al considerar que esos funcionarios judiciales perjudicaron sus intereses en una demanda millonaria que Pereyra mantiene con las empresas Coviares SA y Covimet SA, concesionarias de peajes.

La acusación -que en el Jury de Enjuiciamiento apenas si está en etapa preliminar de solicitud de informes- alcanza a los camaristas civiles Mario Lescano, Julio Fontaine y Guillermo Barrera Buteler. En tanto, el pedido de juicio político involucra a los vocales del TSJ Juan Sesín y Carlos García Allocco.

El litigio que originó esos reclamos se tramita en el Juzgado Civil y Comercial 3, Sociedades y Concursos 3, a cargo de Ricardo Belmaña, y refiere a la quiebra de la empresa constructora Meijide SA, de la cual Pereyra era contratista y reclama una deuda que él estimó de "entre seis y ocho millones de dólares", por trabajos no cobrados.

Según relató Pereyra, Meijide SA era accionista minoritaria en Coviares SA y Covimet SA, constituidas también por las firmas Benito Roggio e Hijos SA, CCI Construcciones SA, CCI Concesiones SA, y Polledo SA, entre otras. El empresario santiagueño reclama que, una vez registrada la quiebra de Meijide SA, los otros miembros de la sociedad en lugar de honrar las deudas pendientes, fueron absorbiendo las acciones con lo cual los acreedores -entre ellos el propio Pereyra- se quedaron sin poder cobrar.

Pereyra inició un juicio para tratar de recuperar el capital accionario de Meijide SA, en una causa en la que sería inminente el fallo del juez Belmaña. No obstante, el denunciante alertó que, en uno de los tantos incidentes vinculados con la tramitación de esa causa, habrían habido -a su criterio- irregularidades por parte de los magistrados intervinientes. La alusión apunta a la decisión de los tres camaristas antes mencionados, quienes se declararon incompetentes para determinar la base regulatoria de honorarios en la demanda que inició Pereyra.

Según Pereyra, esa resolución es contraria a derecho y justifica el pedido de jury por "mal desempeño". Los denunciantes indicaron que, según la documentación disponible en la causa, el monto de la demanda en juego tendría un "piso mínimo de 40 millones de dólares", que podrían trepar hasta "300 millones de dólares" -siempre según su versión- si se cotejan valores reales de mercado.

Pereyra calificó de "insólita" la determinación de los camaristas, considerando que la jurisdicción de los tribunales locales para entender en el conflicto "nunca había sido cuestionada". Así, concluyó en que el pronunciamiento de los magistrados "fue funcional a los intereses de las empresas" contra las que él accionó, "beneficiándolas en sumas millonarias".

Esa misma percepción, Pereyra la hizo extensiva a la actuación posterior de los vocales Sesín y García Allocco, quienes -según su óptica- avalaron lo actuado por los camaristas.