Ocupación y necesidad

L a decisión de familias carecientes de ocupar tierras fiscales para luego reclamar su propiedad, con el objetivo de construir viviendas sociales, es una metodología de reclamo que sorprendió y encendió alarmas en el Gobierno provincial.

Este tipo de protestas está reñido con las reglas básicas de la convivencia y la ley, pero dejó al descubierto un grave problema: la falta de viviendas en la ciudad de Córdoba y la escasa respuesta del Estado provincial.

Desde la Casa de las Tejas, eligieron apuntar a la agrupación piquetera Túpac Amaru como la responsable de “incentivar” a familias de sectores marginales de la ciudad para que usurpen tierras que pertenecen a la Provincia.

Los funcionarios dicen tener indicios concretos de que esta agrupación piquetera estuvo detrás de las últimas dos ocupaciones de tierras en barrios Ampliación Ferreyra y Cabildo.

Los propios dirigentes de Túpac Amaru admiten su participación en ambos hechos, pero con el atenuante de que “sólo” respaldan el reclamo de “los más pobres”.

Esta agrupación alcanzó notoriedad nacional de la mano de su referente, la jujeña Milagro Sala, una ferviente adherente al proyecto kirchnerista.

Su compromiso no es gratuito para el Gobierno nacional. El año pasado le giró 92 millones de pesos para construir viviendas sociales, cuando al Gobierno de Córdoba, por ejemplo, sólo le envió 12 millones de pesos en el mismo período.

Con parte de esos fondos que se usan para emprendimientos productivos y viviendas, la agrupación gana adherentes en barrios más postergados del sur de Córdoba.

En este contexto, la discusión aparece planteada sobre la usurpación que configuran estas familias pobres y la supuesta responsabilidad de Túpac Amaru en este delito.

En realidad, se debería buscar soluciones para una problemática social como la falta de viviendas, que se puede alimentar en los próximos meses.

Este problema afecta en la Capital tanto a sectores carecientes como a la clase media, que parece haber menguado su reclamo luego de las airadas protestas de tiempo atrás por el fracaso del plan Hogar Clase Media.

Desde el Estado provincial, responsabilizan a la Nación por promesas incumplidas en el envío de fondos. Según datos oficiales, hay una deuda de más de 150 millones de pesos de parte de la Casa Rosada.

Más allá de las acusaciones cruzadas, hay una realidad que no se puede ocultar: en la Capital, la Provincia se comprometió a construir más de 10 mil viviendas, que hoy no están: 1.777 del plan Federal I; seis mil del Hogar Clase Media y tres mil para policías y distintos gremios.

La usurpación es un delito y sobre eso no hay discusión. Pero la falta o la demora de respuestas del Estado ante un problema social es una cuestión que merece ser debatida.