Nadie bancó el polémico fallo sobre cascos

Santa Rosa de Calamuchita. La resolución del juez de Faltas municipal de Santa Rosa de Calamuchita, que eximió a dos motociclistas de pagar la multa labrada por inspectores por circular en motos sin casco, quedó anulada ayer por decisión del intendente de esa ciudad. Nunca nadie había planteado en el país con algún mínimo éxito la inconstitucionalidad del cobro de multas por no usar casco. Hasta que dos motociclistas con domicilio en la ciudad bonaerense de 9 de Julio recurrieron a ese argumento para zafar de esa sanción. La situación inédita se agigantó cuando el juez de Faltas local, Ricardo Gigena, decidió hacer lugar al planteo. El caso fue noticia el domingo en La Voz del Interior y tuvo luego una gran repercusión en todo el país. Hasta funcionarios nacionales y juristas de varias provincias debatían ayer los alcances de la polémica. En realidad, el acta de infracción fue labrada el 8 de octubre pasado, y Gigena puso su firma aceptando el planteo de inconstitucionalidad el 20 de ese mes, hace más de cinco meses. Aunque no fue una resolución secreta, recién tomó estado público con la publicación de este diario. Incluso el intendente Claudio Chavero señaló ayer, al anunciar que la anulaba por estar en desacuerdo, que se había enterado de su existencia por esa vía recién el pasado domingo. Ese plazo de casi seis meses transcurridos podría poner en debate jurídico la validez de la nulidad decretada.

De todos modos, Chavero dejó en claro que ya no habrá otro fallo similar en esta ciudad. Además, admitió que resolverá esta semana si Gigena sigue o no en su cargo. Según adelantó a este diario, se analizará si incurrió en "incumplimiento de los deberes de funcionario público", al no actuar acorde a las ordenanzas locales y a la ley provincial de tránsito. Gigena insiste. El despacho del abogado Gigena mostraba ayer un peregrinar de cronistas. Su teléfono no dejó de sonar, atendiendo consultas de periodistas de todo el país. A pesar de los muchos cuestionamientos que recibió su decisión, insistió en defenderla: "Esa resolución resolvió un caso particular, no se extiende más que a ese caso, de ese momento, y fue dictada concienzudamente y analizando estrictamente situaciones de derecho", apuntó. Gigena cuestionó que "se llegó a decir que yo había decretado la inconstitucionalidad de la ordenanza, cuando no tengo facultades para eso. Solamente hice la adecuación de un criterio jurídico de la Corte Suprema de Justicia en la interpretación de un artículo de la Constitución que nos garantiza nuestra libertad como ciudadanos", Y argumentó: "Yo estoy a favor del casco, lo uso y promuevo su uso, pero me gustaría tener reconocido el derecho a usarlo o no, en ejercicio de mi derecho constitucional". Gigena fue más allá y planteó que "los cascos que utiliza la mayoría de la gente no responden a la norma que requiere la legislación", por lo que su utilidad ante accidentes "sería relativa". También sostuvo "no haber incurrido en ninguna irregularidad" y que simplemente utilizó "un criterio jurídico, que puede o no ser compartido".

Intendente, al veto. El intendente Chavero no ocultaba ayer su molestia por tener que hablar ante medios de todo el país por este caso, "en vez de hacerlo –comparó– sobre el exitoso fin de semana turístico" que tuvo esta localidad serrana. "Hemos rechazado y revocado el fallo del juez de Faltas. Nuestro asesor legal nos dice que no se ha cumplido con la ordenanza y la ley provincial", apuntó. También dijo que le llamó la atención que entre el resumen de actuaciones que le remite periódicamente el Juzgado de Faltas no se haya destacado esta resolución, para advertir su existencia, dada su trascendencia. De ese modo justificó no haber sabido de ella durante más de cinco meses, hasta que leyó el diario del domingo. "Para nosotros se deben cumplir la ordenanza y la ley provincial de tránsito. Acá venimos trabajando con el uso del casco desde hace varios años y hemos bajado mucho el índice de accidentes en motociclistas", señaló. Y refutó el argumento del fallo de Gigena que plantea que el uso o no de casco es un derecho individual porque no perjudica a terceros. "Eso no es así: aquí cuando hay accidentes se utilizan ambulancias alquiladas por el municipio, el hospital provincial, el médico municipal, los dispensarios. Cada accidente involucra a terceros", remarcó. El caso obligó al Ministerio de Salud de la Nación a emitir un comunicado en el que remarca que "no llevar casco atenta contra la salud de todos los argentinos". La cartera sanitaria recordó, además, que alrededor de mil motociclistas mueren cada año en la Argentina por no llevar casco.

Una polémica con repercusión nacional

Gobierno nacional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, objetó la resolución del juzgado municipal de Santa Rosa de Calamuchita. "Es un fallo a favor de la muerte, no de la vida", dijo en declaraciones a una radio porteña. Señaló que el Gobierno lleva adelante "una campaña a nivel nacional" para concientizar sobre el uso de cascos y opinó que ese inédito dictamen surgido en Córdoba "carece de sentido común".Scioli también. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, definió la resolución como "una mala señal" en un momento "en que la proliferación de accidentes exige ser muy rigurosos en cuanto al uso de casco". Reacción oficial en Córdoba. Javier Sosa, secretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno, a cargo de las políticas provinciales de tránsito, calificó de "ilógico" el fallo. "Las terapias están colapsadas los fines de semana por motociclistas que no utilizan casco. ¿Cómo alguien puede pensar que no es necesario?", dijo.Para el intendente de la capital, Daniel Giacomino, la exigencia del uso de casco "debería ser una política de Estado", en todo el país. Al adelantar futuras acciones, el jefe comunal señaló: "Vamos a estar largando una campaña muy grande con el casco y con el alcohol. El año pasado lo hemos hecho en forma esporádica, pero ahora vamos a aumentar controles de alcoholemia y motos".