Los judiciales volverán a la carga en abril
A diferencia del año pasado, el SEP y la UEPC firmaron acuerdos salariales en febrero.
A diferencia del año pasado, el Sindicato de Empleados Públicos y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) firmaron acuerdos salariales en febrero.
El SEP, que conduce el peronista José "Pepe" Pihen, firmó con el Gobierno provincial un convenio semestral hasta el 31 de julio, con una mejora del 18 por ciento en el básico.
Aunque opinó, como es habitual, que el porcentaje es "insuficiente", Pihen calificó de "excelente" el acuerdo desde el punto de vista cualitativo. Señaló que el aumento impacta sobre todos los adicionales y se traslada a los jubilados. El incremento representa mejoras de entre 165 y 400 pesos, según las categorías.
Contrariamente a lo que había manifestado en un inicio, de negociar por semestre, la UEPC acordó una pauta salarial anual del 21 por ciento para el maestro de grado, en dos tramos. Un primer tramo del 12 por ciento desde febrero hasta julio y otro de nueve por ciento a partir de agosto.
Pero el gremio presidido por Juan Monserrat pedirá adelantar la pauta del nueve por ciento a partir de julio.
Donde se advierte la posibilidad de un conflicto es en el gremio judicial, que encabeza Irina Santesteban. La dirigente dijo que el sindicato aceptó un 10 por ciento sobre el básico a partir de febrero.
La titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mercedes Blanc de Arabel, pretende que esa pauta sea semestral.
En cambio, Santesteban anticipó que a partir de los primeros días de abril plantearán que se aplique a los salarios el sistema porcentual respecto de lo que cobran los miembros del TSJ. Recordó que ese sistema cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados en el orden nacional.
Los judiciales también apurarán en las próximas semanas para que el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, dictamine sobre un pedido realizado por el gremio ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, para abrir una paritaria para los judiciales a partir de la denominada Ley Sappia, que prevé convenios colectivos para el sector público cordobés.
