La nueva batalla del gremio de los judiciales

A diferencia de otras gestiones sindicales anteriores, el gremio judicial de la provincia quiere marcar una diferencia salarial con el resto de la administración pública cordobesa y, en el marco de esa estrategia, volverá a la carga esta semana.

La Asociación de Empleados del Poder Judicial, que encabeza Irina Santesteban, convocó para este jueves a una asamblea general extraordinaria -con la participación de los representantes de Capital e interior-, en la que la conducción planteará decretar el estado de alerta y movilización de los empleados de tribunales.

Los judiciales recibieron un 10 por ciento de aumento en febrero y en abril el Tribunal Superior dispuso otorgarle otro dos por ciento más, retroactivo a febrero. Por ello, a fin de mes cobrarán un 16 por ciento más (el aumento del 12 por ciento más cuatro de meses anteriores) y en mayo volverán al 12 por ciento. Tanto el alto tribunal como el Gobierno provincial pretenden que hasta agosto el gremio no discuta de salarios.

A su vez, magistrados y funcionarios tendrán a fin de mes un aumento del cinco por ciento adicional al 10 que recibieron en febrero, en virtud del acuerdo de equiparación de sueldos con la Justicia Federal.

La nueva arremetida del gremio que conduce Santesteban -una dirigente proveniente del Partido de la Liberación y que consiguió ascendencia sobre los sectores más profesionales de tribunales- irá mucho más allá del reclamo salarial.

El sindicato volverá a la carga con dos planteos vinculados. Por un lado, insistirá ante la Secretaría de Trabajo que preside Omar Sereno, que se expida sobre la apertura de paritaria para los judiciales, que el gremio presentó a fines de diciembre pasado. Sereno pareció dar curso a esa pretensión e inclusive citó a las partes a una primera audiencia, pero la entonces titular del alto tribunal, Aída Tarditti, salió al cruce para frenar esa aspiración y exigió que se analizara el ámbito de aplicación de la ley.

Sereno advirtió que tenía una brasa caliente en sus manos y envió el expediente a la Fiscalía de Estado, para que dictamine sobre la vigencia de la ley 8.329 (denominada ley Sappia), que nunca se llegó a aplicar en la administración pública.

A principio de mes, el gremio realizó un pedido de pronto despacho ante Sereno, ya que la Fiscalía hace tres meses que tiene pendiente su dictamen. Si no hay una resolución sobre la paritaria, barajan la alternativa de presentar un amparo laboral ante un juzgado de Conciliación. Y, como última carta, una denuncia contra Sereno, por supuesto incumplimiento de sus deberes de funcionario público.

Atado al pedido de la paritaria, los judiciales insistirán en que el Tribunal Superior aplique la ley de porcentualidad para los salarios de los empleados.

Por esa norma, se fija que el sueldo de un escribiente debe equivaler al 27 por ciento de la remuneración de un vocal del máximo cuerpo, sin antigüedad.

Tanto el alto tribunal como el Ejecutivo no están dispuestos a otorgar ninguna de las dos pretensiones del gremio judicial. A su vez, el sindicato está dispuesto a librar una nueva batalla.