La inflación oficial y el juego gremial

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que maneja el Gobierno, publica datos de inflación que no parecen responder a la realidad y apuntan centralmente a achicar la deuda pública indexada por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), elaborado a partir del índice de precios al consumidor (IPC). El presupuesto nacional proyecta una inflación del siete por ciento, pero el propio Indec lleva a febrero un acumulado del nueve por ciento en los últimos 12 meses.Los economistas y las consultoras privadas proyectan para este año un aumento de la inflación al que le ponen un piso del 20 por ciento y un techo del 30. Los principales gremios que están enrolados en el kirchnerismo y negocian sus paritarias, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), reclaman en forma coincidente un ajuste anual del 25 por ciento. Paradójicamente, toman los cálculos inflacionarios de los economistas privados a los que denosta el Gobierno, al mismo tiempo que algunos de ellos justifican las falsedades del Indec como una estrategia económica destinada a reducir la deuda y frenar el aumento del costo de vida.Hugo Moyano, titular de la CGT, encontró una fórmula salomónica: admite que la inflación real no es la del Indec, sino la del supermercado. Pero libera al Gobierno de esa responsabilidad y culpa a los empresarios y a los comerciantes por la suba de precios.El líder cegetista parece desconocer los manuales básicos de economía, que señalan que la inflación es un fenómeno generado por desequilibrios macroeconómicos y nunca por "la micro". "Es una falacia de Moyano para quejarse de la inflación sin culpar al Gobierno", señala Marcelo Capello, economista jefe del Ieral de Fundación Mediterránea.Según una investigación de ese instituto, con la alteración que realizó el Indec de los índices de inflación, el Gobierno se ahorró 85.995 millones de pesos entre 2007 y 2010. Pero ese mecanismo para evitar la indexación de la deuda en pesos impacta en forma negativa en términos de inversión y también enturbia las negociaciones salariales, ya que no existe un parámetro certero para acordar. Los economistas coinciden en que un país que falsea sus estadísticas no es creíble. La inversiones externas y el crédito son dos de los factores perjudicados por la estrategia de la mentira oficial.