La Constitución Nacional, mal interpretada

Varias razones invalidan la resolución del juez de Faltas de Calamuchita. Primero, porque un juez administrativo municipal no tiene facultades ni competencia para decidir en contra de la reglamentación que ese municipio haya dispuesto. La tiene que acatar y hacer cumplir. En este caso, con el hecho de que el poder municipal dispone que toda persona debe cumplir con el uso de casco. Segundo: he escuchado a este funcionario afirmar que su decisión pretende remover todo obstáculo que impida ejercer la plena libertad de las personas (artículo 19 de la Constitución) e invoca de manera equívoca fallos dictados por la Suprema Corte de Justicia pretendiendo equiparar sus facultades, como mero empleado jerarquizado de un municipio, nada más y nada menos que con la competencia suprema de la Corte al ejercer el control de constitucionalidad de las sentencias, leyes y actos de gobierno. Tercero: los fallos aludidos de la Corte (sobre tenencia personal de estupefacientes) refieren a una situación totalmente diferente y de ninguna manera análoga a este caso del uso de casco. Es de esperar que la equivocación de este mal llamado juez (los de Faltas sólo tienen funciones administrativas) lo haga volver sobre sus pasos. Y considero acertado que el Departamento Ejecutivo del municipio busque el modo de revocar este exabrupto, para restaurar el orden jurídico, despejar dudas y cerrar una controversia de la que ha tomado conocimiento toda la Nación.