Encallados en 1881

E l reino de Prusia, bajo la égida de Otto von Bismarck, fue el primer país que estableció un sistema público de pensiones. Fue en 1881. En esos tiempos, la expectativa de vida era de 45 años. Sólo se podía acceder a ese beneficio cuando se cumplían los 65 años. Es decir, una fórmula matemáticamente perfecta, porque la relación trabajador aportante-trabajador jubilado era ampliamente favorable para el financiamiento del inédito sistema.

Quienes en 2010 siguen planteando que el sistema jubilatorio debe basarse sobre el autofinanciamiento mediante el aporte de los empleados activos siguen encallados en 1881, y demuestran desprecio por la evolución de la humanidad.

La ciencia y la técnica cambiaron de manera profunda, sobre todo a partir de la Tercera Revolución Industrial, iniciada en el último cuarto del siglo 20. Impulsada por la informática y la robotización, destruyó cualquier proporcionalidad sustentable entre cotizantes y beneficiarios. No hay posibilidad alguna para la supervivencia del esquema de 1881 y la política previsional debe ser, por sobre toda otra consideración teórica, un sistema solidario.

Pretender que los trabajadores sostengan con sus ingresos los recursos necesarios para subsistir en forma decorosa cuando ingresen en la clase pasiva es ignorar voluntariosamente las experiencias negativas de los países que aplicaron el sistema de capitalización de las pensiones. Lo que debía ser un mercado de capitales destinado a crear nuevas fuentes de trabajo terminó siendo un mercado meramente especulativo, que financiaba el crecimiento del Primer Mundo, o una especulación irracional con títulos de deuda externa emitidos por países agobiados por la recesión, que prometían ruinosos rendimientos de hasta 35 por ciento anual en dólares.

Los argentinos sabemos bastante al respecto, sobre todo desde los tiempos en que el ministro Domingo Cavallo obligaba a las entonces administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) a suscribir papeles "tóxicos". La capitalización fue un experimento infortunado hasta en Chile, el primer país que la introdujo, donde la pérdida de calidad de vida de sus presuntos beneficiarios, que reclaman por la quiebra de sus sueños y derechos a un retiro apacible, obligó a una creciente intervención del Estado.

En la Argentina, fracasaron en simultáneo los dos sistemas y en ambos casos por la irresponsabilidad del Estado, que se apropió de los capitales de las cajas para financiar gigantescos déficits.

La prolongación de la expectativa de vida, la inflación estructural y el manejo irresponsable de los fondos previsionales conforman una fórmula terrible, propia de un lento exterminio. Es lo que hace el Gobierno nacional cuando viola la Constitución, ignora los dictámenes de la Corte Suprema y desconoce todo lo que suponga un beneficio siquiera mínimo para la clase pasiva.