Concejales, ordenanzas y basura
A partir del 16 de febrero de 2010 los vecinos de la zona sur de la ciudad de Córdoba estamos movilizados por la decisión del Intendente Daniel Giacomino de traer el vertedero a la Ruta 36. Con motivo de nuestras acciones el jefe municipal firmó un compromiso ante los vecinos del sector, instituciones, universidades y medios de prensa que el lugar de enterramiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) de la ciudad y de otras 17 o 18 localidades del interior sería provisorio/transitorio.
Su Secretario de Ambiente el Ing. Fernando Cámara insistía que se irían a más tardar a fines del año pasado apostando a la licitación que estaban llevando adelante (la fallida INVIRON). Los vecinos, dudando que pudieran cumplir ese plazo se lo extendieron hasta el 31 de marzo del corriente año a lo que el Ejecutivo quedó comprometido públicamente y por escrito.
El 01 del corriente mes decidió dar marcha atrás a su compromiso y afirmó que el enterramiento será definitivo, días atrás elevó al Concejo Deliberante un pedido de expropiación de ese predio.
Los bloques en el Concejo Deliberante no deben aprobar la expropiación del predio de la Ruta 36: 1) el compromiso público y escrito de un Intendente es una obligación institucional que se debe cumplir; 2) el Concejo Deliberante no solo es el cuerpo legislativo que crea, modifica o deroga las ordenanzas, también debe ser el contralor de que se cumplan; 3) en esta problemática es de público conocimiento que no se cumplió desde comienzos del conflicto hasta la fecha con la Ord. Nº 9847 de Impacto Ambiental y su Dto. Regl. Nº 2430/01; 4) un Intendente; cuando le faltan solamente poco más de ocho meses para terminar su gestión; no puede condicionar a la población a una concesión por 8 o 10 años de una tecnología que no se sabe a ciencia cierta si es conveniente para una ciudad tan populosa como esta. Trabajar de apuro y contra reloj para aprobar la propuesta, sin la participación de la comunidad y de las instituciones relevantes (CONICET, INTI, UNIVERSIDADES, ASOC. AMBIENTALISTAS), le quita transparencia a un proceso que implicará erogaciones millonarias a la Municipalidad; 5) el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de su Secretaría de Ambiente no emitió opinión al respecto siendo que es la autoridad de aplicación y la auditora para todo este tipo de actividades ambientales, además se violó la Ley 7343 y su Dto. Reglamentario 2131.
En la actualidad el viceintendente y algunos concejales son candidatos y precandidatos a asumir la Intendencia a partir de diciembre de 2011. Con qué legitimidad pueden aspirar a este cargo si hoy ese cuerpo no hace cumplir ordenanzas que afectan la vida social de la ciudad, particularmente en la referida al tema de los RSU. Qué garantía nos darán para que creamos que lo harán en caso que asuman la Intendencia.
Un Gobierno transparente y un Concejo transparente implican tener buenos funcionarios y una ciudad con buenas obras y buenos servicios.
