Derechos. Violencia de género: Córdoba establece un protocolo para facilitar el acceso a la Ley Brisa

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba dio un paso clave para facilitar el acceso de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad a la reparación económica establecida por la Ley Brisa (Ley Nacional N.° 27.452), destinada a víctimas indirectas de femicidios y otras formas de violencia intrafamiliar o de género con resultado letal.

Mediante la Instrucción General N.° 02/25, firmada por la fiscal general adjunta Bettina Croppi, se impartieron lineamientos claros a todas las fiscalías de instrucción de la provincia para que concluyan con celeridad las investigaciones penales en casos donde uno de los progenitores falleció como consecuencia de hechos de violencia.

El foco principal está puesto en aquellas situaciones en las que el agresor también muere, lo que permite el archivo de la causa penal por la imposibilidad de continuar con la acción. Esa resolución es un requisito indispensable para iniciar el trámite administrativo ante los organismos encargados de otorgar el beneficio económico mensual previsto por la Ley Brisa, quye es el resarcimiento económico para niños, niñas y adolescentes cuya madre fue víctima de femicidio o violencia familiar.

Según detalla la instrucción, el objetivo es “brindar un procedimiento ágil y estandarizado que optimice la gestión institucional y, al mismo tiempo, proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes”. Para lograrlo, el MPF diseñó y puso a disposición modelos de resolución y notificación adaptados al lenguaje claro, que deberán ser utilizados por todas las fiscalías en estos casos.

La medida , según indicaron en el comunicado, responde a una demanda concreta de los familiares y representantes de víctimas que, en muchos casos, deben enfrentar obstáculos burocráticos para obtener una ayuda económica fundamental tras el impacto traumático de perder a uno o ambos progenitores por violencia letal.

Además, se dispuso que el Instituto de Formación del MPF desarrolle capacitaciones específicas para fortalecer el abordaje adecuado de este tipo de causas, desde una perspectiva de género, derechos humanos y orientación a las víctimas.

La iniciativa se inscribe en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2026 del MPF, que impulsa una política criminal centrada en el respeto y la protección de los derechos de las personas más vulnerables. A su vez, refuerza acciones previas como la creación de la Unidad Judicial de Violencia de Género, Familiar y Sexual en el Polo de la Mujer y otras medidas orientadas a mejorar el acompañamiento estatal frente a violencias extremas.

La Ley Brisa, sancionada en 2018, establece una reparación económica mensual para niñas, niños y adolescentes cuyos progenitores hayan muerto como consecuencia de hechos de violencia de género o intrafamiliar. El monto del beneficio equivale a una jubilación mínima y se mantiene hasta los 21 años o sin límite de edad en casos de personas con discapacidad.

En Córdoba, distintas organizaciones que acompañan a víctimas y sus familias venían advirtiendo sobre los retrasos que muchas veces impedían iniciar los trámites de acceso al beneficio. En especial, señalaban la demora en la emisión de resoluciones judiciales necesarias para acreditar las condiciones exigidas por la ley nacional.

“Contar con un procedimiento ágil y estandarizado no solo optimiza la gestión institucional, sino que contribuye directamente a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes”, enfatiza el documento oficial firmado por Croppi, que ya fue distribuido entre los fiscales provinciales.

La resolución completa, junto con los modelos y materiales de apoyo, está disponible para consulta en el sitio interno del MPF. Se espera que, a partir de su implementación, se reduzcan los plazos administrativos y se garantice el acceso efectivo a una reparación contemplada por la ley, que busca mitigar el daño y la desprotección que enfrentan quienes quedan en orfandad por hechos de violencia extrema.