Una normativa con contradicciones de altura

Con la aprobación de ayer, la nueva versión de la ley de glaciares navega hacia el Senado. En noviembre de 2009, el primer intento, aprobado por las dos cámaras legislativas, chocó contra el veto de la presidenta Cristina Fernández, quien consideró que la ley perjudicaba a las economías provinciales.

Ayer, el Gobierno nacional anticipó que no volverá a vetar la ley, lo que es una contradicción, porque esta segunda versión posee más aspectos "condenables" desde el punto de vista de las administraciones provinciales cordilleranas, que ataron su futuro económico a los agujeros a cielo abierto que las mineras abran en búsqueda de metales valiosos.

Un fiscal puntilloso, por ejemplo, podría, con base en la versión aprobada ayer, determinar que los emprendimientos internacionales ya instalados en la alta cordillera violan la ley y exigir la paralización de los proyectos. Las discusiones jurídicas y las polémicas políticas serán nutridas.

Más allá de lo que cada sector considere que está bien o mal en la nueva ley que se intenta aprobar, hay un aspecto clave que esta discusión legislativa no podrá resolver: el marco legal minero de la Argentina, que no sólo los sectores opositores consideran muy favorable para las mineras internacionales y que está sospechado de ser un mal negocio para el país.

Ese problema de fondo está en la raíz de esta discusión por los glaciares y es un problema que debe tratar y resolver el Congreso.

Un lugar común de las quejas de los votantes argentinos es que sus políticos y funcionarios, sean del partido que fueren, no ejecutan políticas de Estado, con continuidad en el tiempo e integradas al "proyecto de país".

Pues bien: acá hay una política minera homogénea (lo que no significa buena) desde la época de Carlos Menem hasta hoy, que acaba de recibir un espaldarazo en la reciente Cumbre del Mercosur celebrada en San Juan. Los presidentes firmaron su compromiso con la minería como herramienta de desarrollo.

La versión de la ley aprobada ayer en Diputados no es coherente con esa política. Es un obstáculo para la minería a cielo abierto tal como se viene practicando hasta hoy. Esto alegra a los ambientalistas y amarga a los gobernadores mineros. Hasta que se revise el marco legal de fondo, los glaciares seguirán temblando.