Una agencia definirá las prestaciones de las obras sociales

Un elemento fundamental de los cambios que se avecinan es la creación de la agencia nacional de evaluación de tecnologías en salud (Agnet), cuya función será determinar qué prestaciones (medicamentos, tratamientos, prácticas, estudios) serán de cobertura obligatoria para las obras sociales y prepagas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), así como las que integrarán la canasta básica de prestaciones del Estado.La creación de la Agnet está prevista en un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con la iniciativa, el organismo tendrá un directorio de cinco miembros designados por el Ejecutivo por el plazo de seis años, cuyas decisiones son vinculantes. Se prevé también un consejo asesor integrado por nueve miembros representantes de sociedades científicas, y un consejo de evaluación donde estarán representados las provincias, los financiadores del sistema y la Superintendencia de Servicios de Salud.Jorge Lemus aseguró que la Agnet apunta a que las prestaciones incluidas en el PMO "tengan un asidero científico", y a determinar "cuál es el sustrato científico sobre las patologías para las que se cubre, a quiénes, en qué etapa de la patología, y su uso racional en función de guías clínicas"."Esta agencia va a decidir qué cubre y qué no la seguridad social, o sea que va a actualizar el PMO", indicó. Con respecto a si se eliminarán prestaciones, Lemus dijo: "Las que están es muy probable que sigan estando, aunque la agencia también decide cuáles se sacan". –¿El criterio será estrictamente sanitario o también económico? –El criterio es fundamentalmente científico porque hay medicamentos muy costosos que hoy se usan para enfermedades para las que no están indicados. Es un comité de expertos que además va a incidir en la Justicia, en los amparos. Es una opinión que para el sistema de salud es vinculante. –¿Por qué en la junta directiva no se prevé en forma expresa la participación de la academia ni de las sociedades científicas? –Obviamente los integrantes, si bien van a ser seleccionados por el Estado, van a ser representantes de la academia y de las sociedades científicas. Falta la reglamentación de la ley que va a precisar eso. No tiene nada que ver con reducción de gastos y nadie va a dejar de aprobar un procedimiento, aparato o droga por consideraciones económicas, porque toda la gente va a ser seleccionada por su expertise .