Un Estado disfrazado de políticas públicas

Desde hace años, algunos funcionarios suelen contar que, con algunos sectores del gremialismo estatal, acuerdan un monto global determinado que el Estado va a gastar en aumentos salariales y que, como parte de la negociación, queda a definición del gremio cómo se va a repartir ese monto entre grupos de empleados. El tema vuelve a quedar expuesto en nuestro Primer Plano de hoy, dedicado a la delicada relación del Estado con los empleados públicos, nuestros empleados.No es que a los ministros, secretarios o subsecretarios les haya dado un ataque de transparencia. Sencillamente, creen que no hay nada negativo en esa actitud. Que no están defeccionando del rol de administradores y ejecutores de políticas públicas que les ha asignado el gobernador de turno, quien a su vez, supuestamente, está ahí por las políticas públicas que nos prometió que iba a ejecutar si lo elegíamos.Este es un clásico con los docentes. Se negocia un "monto global" y después la UEPC decide cómo se gasta (los funcionarios aclaran que finalmente es el Gobierno el que aprueba, pero desconocemos si alguna vez les tacharon esas propuestas). Así, el funcionario sólo se ocupa de que no se gaste de más. Y no tiene que pelearse con nadie para, con esos fondos, premiar a los maestros que no faltan o a los que trabajan con alumnos vulnerables o a los que son más brillantes dando sus clases, entre muchas otras posibilidades que sería interesante debatir.Imaginemos que el ministro de Obras Públicas hiciera lo mismo, se reuniera con los jefes de la Cámara de la Construcción y les dijera: "Muchachos, hay mil millones en total. No molesten pidiendo más. A cambio, les dejamos que ustedes decidan si hacen puentes o canales, si los hacen en el sur o en el norte o si se los adjudican a Pancha o a Pepe". Si se hace lo mismo, se cuidan de ocultarlo.Porque si los contribuyentes que pagamos impuestos nos enteráramos ardería Troya. Lo mismo debería suceder con los docentes.