Justicia Federal. Gestación por sustitución: procesaron al director de una clínica de fertilidad y sobreseyeron a otro en una causa por trata
La resolución del juez federal Alejandro Sánchez Freytes reconstruyó cómo operaban algunos acuerdos de subrogación de vientre presentados como “altruistas”, pero atravesados por situaciones de pobreza extrema, pagos ocultos y captación de mujeres vulnerables.
La causa judicial que investiga presuntos casos de trata de personas en el marco de procesos de gestación por sustitución en Córdoba sumó una resolución clave y volvió a abrir un debate complejo: dónde termina un acuerdo reproductivo y dónde comienza la explotación de mujeres vulnerables.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó al director de la clínica Fecundart, José Antonio Pérez Alzaa; a la intermediaria Paula Mariana Liendo; y al abogado Nicolás Gigena, al considerar que existen pruebas suficientes para sostener que participaron de una estructura destinada a captar mujeres en situación de vulnerabilidad económica para llevar adelante embarazos a cambio de dinero.
Al mismo tiempo, el magistrado sobreseyó al director de la clínica Nascentis, César Sánchez Sarmiento, y a otros profesionales vinculados a las investigaciones, entre ellos psicólogas y abogados, al entender que no había pruebas de intención criminal o participación deliberada en las maniobras investigadas.
La resolución, de más de 380 páginas a la que pudo acceder La Voz, reconstruye cómo funcionaban distintos acuerdos de subrogación de vientre presentados ante la Justicia de Familia como actos “solidarios” o “altruistas”, pero que para el fuero federal escondían, en algunos casos, relaciones económicas atravesadas por pobreza extrema, endeudamiento y necesidad.
Según el fallo, una de las principales vías de captación eran los registros de mujeres que previamente habían ido a las clínicas de fertilidad a donar óvulos.
La investigación sostiene que desde allí se identificaba a potenciales gestantes con vulnerabilidad económica. Madres solas, mujeres sin empleo estable, con problemas de vivienda o dificultades para sostener económicamente a sus hijos.
La resolución judicial describe escenas de mujeres que no tenían dinero para boletos de colectivo, pañales o útiles escolares y que encontraban en la subrogación una posibilidad de obtener ingresos imposibles de alcanzar de otra manera.
En varios casos, la suma acordada rondaba los 10 mil dólares.
Pero uno de los aspectos centrales de la resolución es que el juez no cuestionó toda práctica de gestación por sustitución, sino determinadas modalidades concretas que, según sostuvo, implicaron “aprovechamiento de vulnerabilidad”.
Por eso la causa terminó con situaciones judiciales muy distintas entre sí.
Dos clínicas, dos situaciones distintas
El fallo marca fuertes diferencias entre Fecundart y Nascentis.
En el caso de Pérez Alzaa, director de Fecundart, el juez entendió que existen elementos para sostener que la clínica no solo realizaba tratamientos médicos, sino que además intervenía activamente en la selección y presentación de mujeres gestantes a los llamados “padres intencionales”.
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Según la resolución, la clínica utilizaba sus bases de donantes de óvulos para contactar mujeres y ofrecerles participar de procesos de subrogación.
El magistrado también sostuvo que se ocultaba deliberadamente ante los jueces de Familia la situación económica real de las mujeres y que se armaban relatos ficticios para presentar los vínculos como relaciones de amistad.
En ese contexto fue procesada también Paula Liendo, señalada como intermediaria y encargada de contactar a las mujeres y coordinar acuerdos económicos.
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La resolución afirma además que las gestantes eran instruidas sobre qué debían declarar ante la Justicia.
“Debían decir que eran amigas de toda la vida”, señala el fallo al describir cómo se construían historias destinadas a mostrar los procesos como actos altruistas y no comerciales.
El abogado Nicolás Gigena también fue procesado. El juez lo señaló como quien organizaba las presentaciones judiciales y ayudaba a “dibujar” una realidad inexistente ante tribunales de Familia.
Uno de los casos mencionados en la resolución describe que habría intentado avanzar con una segunda subrogación apenas 45 días después de un parto, ocultando esa situación al juez pese al riesgo médico que implicaba para la mujer.
Los sobreseimientos
En cambio, el juez decidió sobreseer al director de Nascentis, César Sánchez Sarmiento.
La diferencia central que marcó la resolución es que esa clínica exigía autorización judicial previa antes de iniciar tratamientos de gestación por sustitución, algo que el magistrado interpretó como un mecanismo de control y no de ocultamiento.
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También fueron sobreseídas las psicólogas María Soledad Expósito y Luciana Szrank, además de los abogados Romina Vittar y Edgar Gribaudo.
La resolución también aclara que no todas las mujeres involucradas fueron consideradas víctimas de trata.
En algunos expedientes, el tribunal entendió que las gestantes tenían autonomía económica y que su decisión había sido verdaderamente voluntaria y altruista.
Por eso Pérez Alzaa y Gigena fueron sobreseídos parcialmente respecto de determinados casos.
Cómo sigue
Mientras la investigación avanza hacia una eventual instancia de juicio oral, el juez Sánchez Freytes ordenó embargos por más de 1.051 millones de pesos sobre los bienes de los tres principales procesados.
Según explicó en la resolución, la medida busca garantizar eventuales reparaciones económicas, decomisos y costas judiciales.
El fallo también deja expuesto otro vacío de fondo: la ausencia de una regulación específica sobre gestación por sustitución en Argentina, un terreno donde durante años convivieron acuerdos privados, decisiones judiciales dispares y clínicas de fertilidad operando en una zona legal todavía difusa.
Este es uno de los reclamos principales de especialistas que intervienen en este tipo de casos.
