Reducirán hasta 20 meses la condena a presos que estudien

Buenos Aires. El Gobierno anunció ayer que este año pondrá en marcha la reducción de hasta 20 meses en la condena a prisión de los detenidos que resuelvan completar sus estudios, sin aclarar si este beneficio se hará extensivo a los involucrados en cualquier clase de delitos. La medida fue comunicada por el ministro de Justicia, Julio Alak, quien aseguró que la iniciativa "es inédita en la historia argentina, que busca incentivar a las personas privadas de su libertad a capacitarse para lograr una reinserción social plena" una vez afuera.

Alak afirmó que “está probado que la formación de los condenados reduce significativamente los niveles de reincidencia en el delito”.

Según se informó, casi 65 por ciento de la población carcelaria federal se encuentra cursando “en el sistema educativo formal en los niveles primario, secundario, terciario y universitario de grado y posgrado”.

En tanto, en Córdoba, de los presos que no completaron los 13 años de educación obligatoria –el 89,3 por ciento–, sólo 43,7 por ciento cursa el primario o el secundario en la cárcel, según datos del Ministerio de Justicia provincial publicados por este diario en noviembre pasado. Es decir, seis de cada 10 de ellos están fuera del sistema formal de enseñanza. La cifra representa 39,1 por ciento del total de la población carcelaria (5.824 personas) de la provincia.

Se pone en vigencia. "Este año –afirmó Alak– comenzará a aplicarse un sistema de incentivos que reducirá, hasta un máximo de 20 meses, las penas de las personas privadas de la libertad que estudien y aprueben los diferentes ciclos de la enseñanza".

El anuncio lo hizo en la Unidad Penitenciaria 1 de Ezeiza, durante el acto de apertura del ciclo lectivo 2012 en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, que compartió con su par de Educación, Alberto Sileoni.

El funcionario aseguró que “sólo del cinco al seis por ciento de los egresados del sistema penitenciario que cursaron estudios durante sus condenas vuelve a delinquir, y ese indicador cae al cero por ciento en los casos de quienes egresan con un título universitario”.

Oficialmente se explicó que en julio último el Congreso Nacional sancionó la ley 26.695, que modificó el régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad.

Allí se fijan mermas “de hasta cuatro meses, acumulables hasta alcanzar un máximo de 20 meses, en las condenas de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes”.

Alak aseguró que “la medida, que no tiene antecedentes en el sistema penal argentino, se basa en un dato comprobado: la formación de los internos durante el cumplimiento de sus condenas favorece su reinserción social plena y, en consecuencia, baja significativamente los índices de reincidencia en el delito”.

El ministro de Justicia informó que “actualmente cerca del 65 por ciento de la población carcelaria federal trabaja y percibe el salario mínimo, vital y móvil, lo que ha generado un cambio notable” porque “hasta el año 2003, los internos recibían alimentos que les traían sus familiares, mientras que ahora son cada vez más los internos que ayudan a sus familias a enfrentar sus gastos”, explicó en el acto.

Datos de Córdoba

Pocos terminaron. En la provincia, 9 de cada 10 presos -el 89,3 por ciento- no cuentan con la educación obligatoria completa (82 por ciento a nivel nacional).

Por niveles. Un 3,4 por ciento de los que cumplen condena es analfabeto, 27,3 por ciento no concluyó el primario y 58,6 por ciento, el secundario.

Cuántos cursan. De los presos que no completaron los 13 años de educación obligatoria, sólo 43,7 por ciento cursa el primario o el secundario en la cárcel. Es decir, seis de cada 10 están fuera del sistema de enseñanza.