Policía, a la cárcel por detenciones ilegales
El comisario retirado Pablo Márquez fue condenado y debe cumplir tres años de prisión por abuso de autoridad y coacción.
El comisario retirado Pablo Alejandro Márquez se convirtió en el primer policía que va a prisión por ordenar detenciones ilegales y, además, por sancionar a los subalternos que no cumplían con esas directivas. En el juicio por jurados finalizado ayer en la Cámara 6a del Crimen recibió una pena de tres años de prisión, con el agregado de que el cumplimiento se hizo inmediato ya que el veredicto ordenó su detención.La jornada de alegatos de ayer fue intensa. De fondo, quedó el debate en torno al accionar policial y a las libertades individuales, las políticas de seguridad y los derechos de los ciudadanos que se conculcan con detenciones arbitrarias.Además de la condena a prisión, Márquez recibió inhabilitaciones especial y absoluta por seis años. Mientras lo primero lo priva de actuar en el ámbito público, lo último le impide ejercer derechos como el de voto y la responsabilidad parental.Márquez, según el juicio, cometió abuso de autoridad continuada y coacción continuada (en concurso real) por ordenar detenciones ilegales con el presunto objetivo de "inflar" estadísticas policiales en la zona 8 del Comando de Acción Preventiva que él conducía.El veredicto fue por unanimidad del jurado popular, salvo la decisión de ordenar su detención inmediata que salió por mayoría del tribunal técnico. Alegatos encendidos Pasadas las 17 se conoció la sentencia y las partes expresaron sus conclusiones durante la mañana. Los fiscales Marcelo Hidalgo y Marcelo Fenol hablaron de la ilegalidad de las órdenes de Márquez y las amenazas a subalternos, algunos denunciantes y presentes en la sala. Hidalgo sostuvo: "La seguridad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos se debe conseguir con el respeto de los derechos y para obtener más libertades, no para vivir encerrados por temor a la Policía".A su turno, el querellante por quienes denunciaron, Carlos Nayi, habló de las detenciones y el Código de Faltas con figuras como merodeo y resistencia a la autoridad para hacer detenciones discrecionales. Los fiscales pidieron 5 años de prisión y el querellante 6.A su turno, Justiniano Martínez justificó el accionar de los policías diciendo que la mejor forma de combatir el delito es antes de que se cometa y que la prevención es más efectiva cuando los uniformados pueden abordar a la gente en la vía pública. Martínez llegó en las últimas tres audiencias a la defensa (el juicio comenzó el 13 de octubre) y orientó su esfuerzo a plantear nulidades que fueron rechazadas. La punta del iceberg Coincidiendo con el pedido de los acusadores, los jueces ordenaron remitir los antecedentes para investigar la comisión de otros delitos. La idea de fondo es saber si además de Márquez existen otros responsables, particularmente superiores. ¿Márquez era ejecutor de órdenes o de políticas de seguridad? Eso es lo que ha estado flotando en el debate y lo que se venía sosteniendo en el largo proceso previo.Antes del juicio oral, el hoy condenado declaró a Cosecha Roja que "cumplía órdenes" y que luego "le soltaron la mano". Al abrir el debate dijo que no recibió ni dio órdenes en ese sentido pero reiteró que se sentía traicionado por sus jefes.Retrocediendo en el tiempo, primero fue trasladado y quedó al frente de la Departamental Río Segundo, pero fue pasado a retiro cuando se confirmó el juicio. Existe el antecedente de otro jefe policial procesado por dar este tipo de órdenes, Carlos Colino, quien luego de ser sobreseído por un juez de Control (también fue defendido por Justiniano Martínez) llegó a primer jefe de la Caminera y comisario general.
